La cuarta etapa de negociaciones auspiciadas por Estados Unidos impulsa expectativas de nuevas excarcelaciones mientras persisten reclamos sobre el alcance real de la ley vigente
CARACAS – La organización no gubernamental Foro Penal reportó que Venezuela registra actualmente 321 personas privadas de libertad por razones políticas. Dentro de este universo de detenidos figuran 306 hombres, 15 mujeres y 140 integrantes de la institución castrense. El listado contabiliza asimismo a 31 ciudadanos extranjeros, entre ellos el argentino Germán Darío Giuliani, capturado el año pasado. El boletín cerrado el nueve de noviembre advierte que se desconoce el paradero actual de uno de los ciudadanos recluidos.
Paralelamente, dicha organización confirmó la excarcelación del empresario camaronero José Enrique Rincón tras permanecer cinco meses bajo custodia penitenciaria. Esta medida coincide con la apertura de la cuarta ronda de negociaciones entre el oficialismo y la oposición auspiciadas por Washington. En ese contexto, la representante opositora Dinorah Figuera anticipó tras conversar con Jorge Rodríguez el inminente anuncio de nuevas liberaciones. Desde Estados Unidos, el secretario Marco Rubio instó al delegado venezolano Oliver Blanco a «continuar con la liberación de los presos políticos que aún permanecen en Venezuela».
Simultáneamente, en el seno de la Asamblea Nacional, el parlamentario oficialista Pedro Infante anunció una revisión exhaustiva de los expedientes judiciales. Infante precisó que examinarán “los distintos casos para lograr las liberaciones correspondientes ajustadas a pleno derecho” en cumplimiento de directrices superiores. El legislador puntualizó que esta gestión responde a “una instrucción directa del presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, de la presidenta de la República, Delcy Rodríguez”. Asimismo, mencionó al ministro Diosdado Cabello como artífice clave de la reforma del sistema penal emprendida durante el presente año.
No obstante, el diputado oficialista Jorge Arreaza estableció una distinción tajante respecto al alcance de los beneficios procesales en curso. Arreaza declaró que “una cosa es solicitar que se evalúen medidas en el marco de un nuevo momento político” para facilitar acuerdos. Sin embargo, advirtió que “otra es victimizar a quienes atentaron contra la República, robaron armas, entraron con mercenarios, volaron drones con explosivos”. De manera reiterada, el Ejecutivo niega la existencia de detenidos políticos y sostiene que todos afrontan procesos por delitos ordinarios.
En el ámbito castrense, veinticuatro sargentos de la Guardia Nacional mantienen una huelga de hambre para exigir su pronta excarcelación. Estos efectivos militares permanecen recluidos desde la sublevación ocurrida en enero de 2019 y demandan celeridad procesal. Sus representantes legales señalan que un tribunal desestimó los cargos de terrorismo, manteniendo únicamente la imputación por traición a la patria. Aunque el oficialismo cifra en nueve mil los beneficiarios de la amnistía, diversas organizaciones denuncian criterios restrictivos en su aplicación.
Finalmente, la presidenta encargada Delcy Rodríguez instruyó a los cuerpos de seguridad para evitar detenciones sin una orden judicial previa. El vicepresidente de Foro Penal, Gonzalo Himiob, valoró positivamente dicha directriz, aunque subrayó que persisten tareas pendientes en materia de derechos humanos. Himiob enfatizó que “la represión política no terminará hasta que todos los que fueron detenidos sin orden judicial y sin estar cometiendo delito sean liberados”. Esta coyuntura institucional surgió tras la captura de Nicolás Maduro en enero, orientándose hacia la convocatoria de unas “elecciones libres”.
Redacción Caracas
