La formación conservadora plantea auditar el gasto público, reducir ministerios y endurecer el marco legal en materia de vivienda, seguridad e inmigración
MADRID – Alberto Núñez Feijóo ha presentado en Madrid un exhaustivo programa de gobierno configurado por doscientas cuarenta y nueve propuestas repartidas en ochenta y dos páginas. El líder del Partido Popular subrayó durante la presentación que pretende articular una “reconstrucción nacional” sólida,rechazando taxativamente la opción de “administrar la decadencia”.
El proyecto presentado se vertebra formalmente sobre cuatro ejes prioritarios centrados en “Reparar el Estado, regenerar la democracia, reunir a la nación y recuperar la ambición y la autoestima”. Durante la presentación institucional del documento electoral, el candidato dirigiéndose abiertamente al electorado expresó que quiere “que los españoles, si lo consideran oportuno, lo guarden”.
Continuando con su intervención ante los medios de comunicación reunidos en el acto, el dirigente añadió que “dentro de cuatro años lo juzguen”. Y dijo:
“Quiero ser evaluado”.
El primer bloque programático contiene cincuenta y cinco iniciativas dirigidas a reorganizar minuciosamente el funcionamiento de la administración central y evaluar el gasto presupuestario acumulado. Las medidas iniciales plantean auditar las cuentas públicas, reducir sensiblemente el número de departamentos ministeriales y disolver aquellos organismos públicos con competencias institucionales duplicadas. La estrategia pretende aligerar notablemente las cargas administrativas, simplificar los procedimientos burocráticos habituales y reforzar la confianza institucional en la relación con el ciudadano de a pie.
En materia de presencia territorial institucional del Estado en las diversas regiones administrativas, el candidato aseguró que se aprobará “un Plan Nacional de Presencia del Estado con recursos y calendario”.
Respecto al ámbito de la seguridad ciudadana y la prevención del delito en los núcleos urbanos, el dirigente afirmó que “la multirreincidencia tendrá un reproche penal más rápido”.
Para gestionar adecuadamente los flujos migratorios según las necesidades del mercado laboral nacional, el partido plantea establecer “cupos anuales que determinen cuántos trabajadores pueden venir y para qué sectores”.
El capítulo orientado a la regeneración democrática reúne treinta y cinco propuestas enfocadas en combatir la corrupción y limitar determinados aforamientos procesales en el ámbito judicial. El programa propone suprimir el recurso abusivo a los decretos leyes de urgencia y garantizar que la tramitación legislativa se efectúe formalmente “sin atajos” ni cauces excepcionales.
Las reformas judiciales planteadas persiguen despolitizar los órganos de gobierno judicial, impidiendo que excargos gubernamentales ocupen responsabilidades inmediatas en las altas magistraturas de la nación. En materia de secretos oficiales, la normativa vigente será sustituida mediante un marco legal dotado con “criterios claros para clasificar información, plazos máximos de desclasificación y control” judicial.
El apartado dedicado a la cohesión e integración territorial recoge cincuenta y una medidas orientadas a garantizar el acceso equitativo a los servicios públicos fundamentales en todo el país. El plan contempla instaurar una tarjeta sanitaria única utilizable en todo el territorio nacional y fijar una prueba de acceso a la universidad plenamente homogénea entre las regiones.
Asimismo, la iniciativa promueve el entendimiento lingüístico respetando en todo momento “la cordialidad entre las lenguas cooficiales y la lengua oficial común” en el ámbito de las administraciones públicas. El acceso preferente a determinadas prestaciones y subsidios públicos estará condicionado al cumplimiento riguroso de “un arraigo real, duradero y verificable con España” según la trayectoria del solicitante.
En el sector económico, las licencias operativas tramitadas en una determinada comunidad autónoma tendrán plena validez en todo el territorio nacional facilitando el crecimiento de las empresas.
Para modernizar las infraestructuras públicas del país, la formación propone movilizar un volumen inversor superior a los trescientos mil millones de euros a lo largo de quince años. Este amplio programa de inversiones priorizará la resolución de incidencias en las redes de Cercanías, la conservación viaria y la aprobación de un Plan Nacional del Agua.
El Reglamento del Congreso obligará al uso exclusivo del castellano en los debates, se derogará la normativa de memoria y se preservará el recuerdo de las víctimas del terrorismo. En el ámbito de la proyección internacional del país, la propuesta política incluye exigir formalmente que “España albergue la final del Mundial de fútbol de 2030” en su suelo.
El pilar de mayor dimensión estratégica abarca ciento cincuenta y cinco medidas orientadas al crecimiento económico, el fomento del empleo y la protección de la estructura familiar. Entre las novedades estructurales figura la creación de la Renta de Activación, donde “Cada beneficiario firmará un acuerdo de formación y búsqueda de empleo con seguimiento verificable” de su proceso.
El modelo prevé la pérdida gradual de la prestación económica para aquellos perceptores desempleados que rechacen reiteradamente ofertas de trabajo acordes a su perfil profesional sin causa justificada.
Las empresas que acrediten estabilidad en sus plantillas disfrutarán de reducciones en las cotizaciones por desempleo y las bajas por enfermedad grave mantendrán la cobertura salarial completa.
En materia de política de vivienda, el programa prevé la construcción de un millón de inmuebles, la agilización de licencias y el desalojo de ocupantes en cuarenta y ocho horas. Igualmente, se eliminarán las zonas de mercado tensionado en los alquileres y se reducirá la carga fiscal en la adquisición de vivienda habitual para menores de cuarenta años. El plan incorpora incentivos fiscales a la natalidad, gratuidad en la educación infantil temprana y la prohibición legal de acceso a redes sociales para menores de catorce años.
En la esfera sociosanitaria, se articulará una ley nacional de cuidados paliativos orientada a garantizar una asistencia integral y digna que evite la soledad en la fase terminal.
El candidato del principal grupo de la oposición resumió su concepción del liderazgo político afirmando:
“Mi aspiración no es que nadie me considere el puto amo, quiero ser el primer servidor de este país”.
Respecto a la cohesión que debe regir la acción ejecutiva en el futuro gobierno, el dirigente recalcó que “un gobierno es un equipo, no un gallinero” dividido por discrepancias internas. El líder de la oposición cerró su intervención reafirmando el propósito central de su oferta política para conseguir que los ciudadanos “vuelvan a confiar en lo que hemos construido” históricamente.
Redacción Madrid
