La decisión del gobierno autonómico de clausurar provisionalmente el nodo ferroviario genera rechazo sindical y agrava el enfrentamiento institucional en plena crisis por la vivienda
MADRD – La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, anunció la clausura provisional de la estación de Metro de Sol. Argumentó la presencia de “condiciones de insalubridad” provocadas por el deterioro ambiental derivado de la movilización juvenil instalada en el espacio público. Subrayó la imperiosa necesidad de acometer “trabajos de limpieza urgente y de seguridad” durante sus declaraciones concedidas a una emisora radial. Atribuyó directamente la responsabilidad del colapso urbano a la inacción del presidente del Gobierno central, Pedro Sánchez, asegurando que “la ley de la selva” impera en la zona.
La medida impacta de forma directa sobre el principal nodo de transporte subterráneo de la capital, utilizado a diario por 218.000 viajeros. Díaz Ayuso justificó la decisión señalando que “lo ha solicitado el de prevención de riesgos laborales y los sindicatos” de la compañía ferroviaria. Sin embargo, la representación de los trabajadores emitió un comunicado desmintiendo categóricamente haber respaldado o promovido dicha suspensión del servicio de transporte. Los portavoces sindicales aclararon:
“No nos han entregado las mediciones que dicen haber realizado por parte del Servicio de Prevención, como se hace normalmente en estas ocasiones”.
Añadieron también de manera tajante:
“Nos desvinculamos completamente de esta decisión”.
La acampada, que reúne a miles de manifestantes, cumple tres semanas consecutivas frente a la sede institucional del Gobierno autonómico madrileño. La intervención de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para el desalojo depende del Ministerio del Interior del Gobierno nacional. El Ejecutivo central considera que no hay motivos de orden público para desmantelar la acampada al tiempo que a administración regional sugieren que la decisión está vinculada a intereses electoralista, por la proximidad de los comicios generales.
El Ministerio de Transportes, encabezado por Óscar Puente, rechazó la justificación autonómica señalando no haber detectado “problemas de salubridad ni incidentes de orden público”. Este choque técnico recalca la constante pugna institucional existente entre ambas administraciones: la regional gobernada por los conservadores y la central por los progresistas.
El conflicto social surgió tras el traumático desahucio de Maricarmen, una vecina que “murió a las dos semanas de ser expulsada de su vivienda”. El Sindicato de Inquilinas convocó la acampada inicial, logrando multiplicar el número de tiendas instaladas en apenas siete días de protesta. El rechazo ciudadano se dirigió contra el Gobierno central tras la derogación parlamentaria de dos decretos urgentes en materia de vivienda.
Asimismo, la indignación popular se focaliza en la figura de la presidenta regional tras la polémica adquisición institucional de un inmueble de lujo. Los manifestantes consideran inaceptable dicho gasto público en contraste con las severas dificultades del mercado inmobiliario que sufre la población civil. Tras el rechazo judicial a la solicitud de medidas cautelares para el desalojo, el Gobierno regional contempla acudir al Tribunal Supremo. La clausura del intercambiador deja en la incertidumbre a miles de usuarios mientras persiste el estancamiento institucional entre las administraciones.
Redacción Madrid
