El desglose legislativo planteado por el Consejo de Ministros genera reservas entre las formaciones aliadas ante la inminente convalidación del marco regulatorio
MADRID – La gestión de la crisis residencial en la capital española ha generado un severo choque entre los distintos actores políticos y los colectivos laborales. La determinación gubernamental de elevar dos reales decretos leyes independientes al Congreso provocó duras objeciones por parte de los propios socios parlamentarios. La dirigente de Podemos, Ione Belarra, reprochó abiertamente la segmentación de la arquitectura normativa durante una comparecencia celebrada ante los medios de comunicación.
A juicio de la representante, la opción de fraccionar el marco legal constituye “una trampa” encaminada a desactivar la protesta popular en las calles. La legisladora enfatizó su rotundo desacuerdo con la estrategia del Ejecutivo nacional respecto al trámite de convalidación que tendrá lugar esta semana. Asimismo, la dirigente subrayó ante los periodistas parlamentarios que la premisa histórica “el divide et impera no pasará”.
Para la formación Podemos, una intervención verdaderamente eficaz exigiría la expropiación de los fondos especulativos internacionales y la bajada por ley de los alquileres. De forma paralela, la representación del Sindicato de Inquilinas manifestó un profundo descontento con la división estratégica adoptada por el Consejo de Ministros.
Desde el campamento instalado en pleno centro madrileño, las portavoces Valeria Racu y Alicia del Río aseveraron que “tendrán los ojos puestos” al texto. Las representantes de la organización vecinal advirtieron a la Administración central de que «cuanto más dividan, más nos enfadarán». Del mismo modo, ambas activistas denunciaron la maniobra de dispersión regulatoria, vinculándola históricamente a dinámicas habituales de “los fascistas y la ultraderecha”.
La dirección de las protestas identificó a los grandes inversores internacionales como los principales responsables del encarecimiento inmobiliario y de la tensión del mercado. Ante esta coyuntura, la plataforma anunció grandes manifestaciones coordinadas que tendrán lugar”en todas las ciudades del país” a lo largo del fin de semana. El propósito central de esta convocatoria masiva es exigir el acceso universal a viviendas dignas mediante la fijación de precios razonables.
En el plano parlamentario, la diputada Águeda Micó, perteneciente a Compromís, expresó su desencanto con la actuación del socio mayoritario del Gabinete central. A su vez, la portavoz del Partido Popular, Ester Muñoz, arremetió contra la negociación gubernamental clasificándola de auténtico “vaudeville” en rueda de prensa. La dirigente de la oposición sostiene que los decretos desestabilizarán aún más la oferta inmobiliaria, perjudicando a los ciudadanos que buscan piso.
La representante del grupo conservador aclaró que su bancada no socorrerá al presidente Pedro Sánchez durante las complejas votaciones que se prevén. Asimismo, las confederaciones sindicales CCOO y UGT manifestaron su disconformidad ante la presentación separada de ambas iniciativas en el Parlamento nacional. Ambas centrales de trabajadores sostienen que un texto unitario y consensuado habría aportado mayor certidumbre jurídica al procedimiento de convalidación parlamentaria.
Las organizaciones coincidieron en que la presión social obligó a los poderes públicos a acelerar la adopción de medidas legislativas de urgencia. La próxima sesión del Congreso determinará finalmente el destino de unas reformas clave para la estabilidad económica y el bienestar ciudadano.
Redacción Madrid
