La presidenta autonómica rechaza la responsabilidad política del desalojo y acusa al Ejecutivo central de orquestar una campaña de demagogia
MADRID – La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, reaccionó con dureza frente a los ataques procedentes del Gobierno central, luego del lamentable desahucio de Maricarmen, una anciana octogenaria. La mandataria regional tildó de injustos los intentos institucionales de responsabilizar a su Administración. En declaraciones a los medios, la dirigente autonómica afirmó categóricamente que “la izquierda está pidiendo que se cumpla una ley franquista”.
Argumentó que los antiguos contratos de arrendamiento fueron modificados paulatinamente mediante reformas legislativas promovidas en su momento por ejecutivos socialistas. Cuestionó severamente que el jefe del Ejecutivo abordara este asunto en la ONU, tildándolo de “mentiroso patológico” por utilizar tribunas internacionales. La presidenta denunció una estrategia coordinada desde el Palacio de la Moncloa orientada a deshumanizar su figura mediante continuas campañas mediáticas.
Ante las presuntas reiteradas acusaciones, la mandataria formuló la siguiente pregunta:
“¿Si todo lo que ocurre en España es mi responsabilidad, para qué está este Gobierno de inútiles?”.
Puntualizó que su Gabinete carece de competencias operativas sobre la Policía Nacional o las resoluciones dictadas por los tribunales de justicia. Asimismo, censuró las concentraciones convocadas frente a sedes autonómicas, denunciando la existencia de una “barra libre de demagogia” por parte opositora.
Subrayó que la actuación policial respondió estrictamente a un mandato judicial, enmarcándose dentro de los miles de lanzamientos ejecutados anualmente. Aportó datos comparativos para señalar que autonomías como Cataluña registran un número sustancialmente mayor de desahucios que la región madrileña.
Sostuvo que la intervención pública en los precios del alquiler distorsiona el mercado inmobiliario, rechazando abiertamente el marco regulatorio estatal. Advirtió que las protestas violentas generan una notable inestabilidad social que termina por ahuyentar la inversión económica en el territorio autonómico.
Recordó que la Administración central prometió la construcción de miles de viviendas públicas sin que hasta la fecha se hayan concluido. Finalmente, la presidenta reafirmó su compromiso institucional con la defensa del orden constitucional, la propiedad privada y la seguridad jurídica.
Reacción Madri
