La magistrada María Tardón sopesa la citación formal del máximo representante gubernamental tras la querella presentada por una plataforma de la sociedad civil
MADRID – La Fiscalía de Ceuta respalda que la Audiencia Nacional investigue minuciosamente la actuación del delegado gubernamental, Miguel Ángel Pérez Triano. El representante institucional permanece bajo sospecha tras el masivo cruce migratorio acontecido en el límite transfronterizo durante las convulsas jornadas de finales de julio.
Los órganos judiciales pretenden determinar si la autoridad cometió negligencias constitutivas de delito al omitir el deber de protección hacia los migrantes. Ante este escenario, la fiscal Silvia Rojas recalca con solidez que “debe determinarse si existieron actuaciones u omisiones penalmente relevantes” durante aquella emergencia.
El Ministerio Público considera imprescindible centralizar las actuaciones en un único juzgado competente para evaluar de manera global la gestión realizada. Asimismo, los fiscales señalan que “las decisiones u omisiones producidas pudieron incidir en el desarrollo de los acontecimientos” padecidos en el perímetro fronterizo.
Para esclarecer con exactitud los hechos, los magistrados analizarán de forma minuciosa todas las directivas impartidas por los mandos de la administración. Del mismo modo, examinarán si los informes de inteligencia permitían coordinar un dispositivo preventivo capaz de contener el flujo sin arriesgar vidas.
En la argumentación jurídica, la acusación insiste en que “la investigación de la conducta del delegado del Gobierno exige examinar conjuntamente las circunstancias” del suceso. Por consiguiente, el foco principal recaerá sobre el descubrimiento de eventuales “omisiones relevantes en materia de prevención, auxilio o protección” institucional.
Por su parte, la magistrada María Tardón asumió la instrucción en Madrid tras admitir la querella interpuesta formalmente por la asociación Hazte Oír. La jueza fundamenta el procedimiento al detectar una “conducta delictiva presuntamente cometida en el extranjero que ha atacado gravemente la integridad territorial de España”.
En los próximos días, la instructora ponderará citar al delegado ministerial en calidad de investigado para responder por sus presuntas responsabilidades políticas. Con estas actuaciones, el estamento judicial busca clarificar el alcance del operativo estatal en un episodio que puso en peligro la seguridad.
Redacción Madrid
