El Gobierno acelera la llegada de empresas privadas a los campos nacionales, aunque la oposición cuestiona la falta de licitaciones y las condiciones pactadas
CARACAS – En consonancia con las novedades judiciales, que sugerirían presuntos vínculos entre Pdvsa y el PSOE, la cúpula de la empresa petrolera estatal venezolana está impulsando un nuevo plan de acción orientado a captar capital privado. El objetivo central del Gobierno es atraer recursos financieros del exterior, considerados cruciales para concretar la reactivación de todo el sector energético del país.
Héctor Obregón, al frente de Pdvsa, explicó recientemente los puntos clave de esta estrategia durante una entrevista especializada. La fórmula elegida busca fusionar el inmenso potencial extractivo venezolano con la aportación económica de los operadores privados. De hecho, Obregón detalló que: “el inversionista privado obtiene crudo para comercialización y refinación, mientras el Estado percibe regalías, impuestos, tasas y una participación directa”. Los ingresos fiscales derivados de este esquema de cooperación se destinarán al fortalecimiento de la red de infraestructuras, la sanidad y el sistema educativo.
La dirección de la compañía destacó además el crecimiento constante de los volúmenes de extracción registrado en el último bienio de actividad. A finales de diciembre de 2025, la producción nacional alcanzó un promedio de 1,2 millones de barriles diarios. Gracias a los nuevos acuerdos suscritos, las proyecciones gubernamentales prevén superar el umbral de los 1,5 millones de barriles al día. Dichas cifras operativas fueron sustancialmente respaldadas por las tablas estadísticas publicadas por el ministerio competente de la mano de la ministra Paula Henao.
Asimismo, Obregón defendió el complejo acuerdo de cooperación energética firmado en agosto con las autoridades de Estados Unidos. El directivo calificó la alianza multilateral como un pacto tripartito que incluye la opción de prorrogar su vigencia en el tiempo. El convenio marco establece una duración inicial de 25 años de operaciones industriales en el territorio. Sobre este aspecto, Obregón especificó que “el contrato está firmado 25 años, pero legalmente, de mutuo acuerdo, pueden haber renovaciones contractuales por períodos similares hasta llevarlo al tiempo que corresponda”. La operación cuenta con la participación activa de la empresa NABEP, entidad privada vinculada al empresario Alejandro Betancourt. Además, el propio Gobierno estadounidense figura entre los accionistas de peso de la sociedad. Obregón puntualizó la naturaleza de esta alianza declarando que “hay un componente que si bien hay un contrato firmado entre una empresa como NABEP y PDVSA, uno de los accionistas de NABEP es el Estado americano”.
A pesar de ello, persisten discrepancias evidentes en la interpretación de la duración total de la concesión entre las partes firmantes. Mientras que Washington plantea un horizonte temporal de 100 años, la cúpula venezolana sigue circunscribiendo el acuerdo al plazo de 25 años. El contrato comercial contempla la explotación directa de 17 campos petrolíferos que albergan enormes reservas certificadas de hidrocarburos. En cualquier caso, la ministra Henao reiteró con firmeza que el Estado mantiene la plena propiedad pública de los recursos extraídos.
En el ámbito político interno, el dirigente opositor Henrique Capriles criticó duramente la falta de transparencia del nuevo tratado energético. El parlamentario cuestionó la escasez de detalles hechos públicos sobre las condiciones pactadas por el Gobierno con los actores extranjeros. Capriles recordó las profundas dificultades económicas que padece la ciudadanía, perjudicada por ingresos sociales extremadamente bajos, afirmando que “el salario mínimo en Venezuela y la pensión siguen en 130 bolívares. Eso es unos pocos centavos de dólar”. El opositor censuró además la adjudicación directa de los yacimientos a una empresa sin un historial sólido en el sector, al tiempo que denunció los antecedentes del socio mayoritario, previamente implicado en investigaciones sobre la crisis del sistema eléctrico.
Capriles denunció la ausencia de una licitación pública para otorgar las licencias de extracción en los campos del país. En el plano institucional, el diputado reiteró la falta de garantías democráticas indispensables para celebrar jornadas electorales transparentes, declarando de forma tajante que “es imposible en Venezuela celebrar una elección libre y democrática con este CNE”. El político aclaró que el principal obstáculo para la democracia radica en la intimidación directa ejercida sobre los votantes. No obstante, Capriles valoró positivamente la renovación de la cúpula del Tribunal Supremo surgida a raíz de las presiones de la comunidad internacional. Por último, el parlamentario rechazó la idea de que la recuperación económica del país deba depender necesariamente de la permanencia en el poder de la actual clase dirigente.
Redacción Caracas
