A pesar del acuerdo para la repatriación prioritaria a Marruecos, las discrepancias competenciales sobre la acogida temporal y el reparto de partidas económicas paralizan el acuerdo entre las administraciones
MADRID — La gestión territorial de la crisis migratoria en Ceuta ha desencadenado una compleja disputa institucional entre el Gobierno central y las comunidades autónomas. Las discrepancias políticas se centran en la distribución de los fondos presupuestarios y en la reubicación de los jóvenes tutelados por las administraciones públicas.
El núcleo del desacuerdo institucional radica en la tajante oposición de los gobiernos autonómicos conservadores a abordar formalmente este asunto. Las regiones en las que gobierna el Partido Popular “se han negado a incorporar en el orden del día de la próxima Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia un punto informativo y de debate sobre la atención de menores migrantes no acompañados en Ceuta y la situación de la ciudad autónoma”. Con esta decisión, los líderes autonómicos del Partido Popular evidencian su firme rechazo a la estrategia migratoria estatal.
Pese al bloqueo de la agenda oficial, la titular de Juventud e Infancia busca reabrir la deliberación. Por ello, la ministra “propondrá de nuevo al inicio del encuentro la inclusión en el orden del día del punto acerca de la atención a los niños que permanecen en la ciudad autónoma, lo que tendrá que votarse”. Aunque los representantes populares acudieron a la comisión previa “aludiendo a su responsabilidad y en apoyo a Ceuta”, mantienen una contundente reserva frente a las medidas propuestas por el Gabinete ministerial.
Por su parte, la posición de la formación Vox fue un boicot absoluto a los trabajos preparatorios. Sus representantes declinaron asistir “porque se oponen el sistema diseñado por el Gobierno para reubicar a los niños y adolescentes llegados a zonas tensionadas como Ceuta a otras comunidades para su mejor atención y porque también rechazan la transferencia, por parte del Ejecutivo, de 25 millones a la ciudad autónoma para atender a los menores”.
Paradójicamente, tanto el Ejecutivo central como el Partido Popular concuerdan en que la solución idónea reside en la repatriación garantizada con el Reino de Marruecos. No obstante, la acogida provisional de los más de mil quinientos menores exige atención sanitaria, escolarización y recursos habitacionales inmediatos. Es justamente en la gestión de este periodo transitorio donde chocan las competencias administrativas y la financiación pública. Como balance de la emergencia, las autoridades reconocieron que la ciudad autónoma padeció una “situación de desborde”, si bien aseveran con firmeza que la crisis se está “controlando”.
Redacción Madrid
