Óscar López califica la operación de 6,3 millones como una “chapuza colosal” pagada con fondos públicos. La oposición denuncia una gravísima opacidad para eludir los controles patrimoniales del Ejecutivo regional
MADRID – El Psoe ha formalizado una denuncia ante la Fiscalía de Delitos Económicos para esclarecer la controvertida adquisición patrimonial del Ejecutivo regional de Madri. La operación fue canalizada a través de la entidad pública “Planifica Madrid” por un importe de 6,3 millones de euros. Desde la administración autonómica sustentan que dicha propiedad albergaría despachos institucionales de carácter provisional durante la ejecución de reformas. No obstante, la oposición parlamentaria sostiene la firme sospecha de que la finalidad real era destinar el inmueble como residencia ejecutiva de alto standing.
El secretario general del PSOE madrileño, Óscar López, censuró severamente la adquisición calificándola como “tan escandalosa como surrealista” en el actual contexto de crisis habitacional. El dirigente enfatizó ante los medios de comunicación que la ciudadanía termina sufragando de forma inadmisible “la vida padre de la señora Ayuso”. Por tales motivos, la iniciativa penal persigue depurar posibles responsabilidades ligadas a delitos de prevaricación administrativa y malversación de fondos. El grupo parlamentario exige la dimisión irrevocable de la presidenta regional y la restitución íntegra de los caudales públicos invertidos.
El eje fundamental de esta agria contienda política radica en la opacidad procedimental que rodeó la adjudicación desde su génesis. La gestión de la compraventa se desarrolló bajo una estricta reserva, obviando los principios de publicidad y transparencia institucional. De forma anómala, el montante no aparecía desglosado en la contabilidad ordinaria ni en la planificación corporativa de la firma. Incluso la inmensa mayoría del personal adscrito a la sociedad estatal ignoraba la gestación y ejecución de la millonaria transacción.
El portal institucional de la compañía procedió a la actualización de sus registros digitales únicamente tras las revelaciones publicadas por el diario El País, de las cuales se han hecho eco otros prestigiosos diarios. La plataforma oficial registró con notable retraso la firma notarial correspondiente al mes de abril. La parte denunciante asevera que la empresa pública fue instrumentalizada para esquivar los severos controles patrimoniales aplicables a la administración. Hasta la fecha no consta ningún informe técnico justificativo que fundamente la conveniencia de destinar tal inversión a dicho activo.
Las explicaciones ofrecidas por los portavoces del gobierno regional han sido tildadas por la oposición de endebles, inconexas e insuficientes. El consejero Miguel Ángel García argumentó que resulta habitual la provisión de residencias institucionales para los altos cargos públicos. Ante dicho pronunciamiento, el ministro Óscar López replicó tajantemente mediante la máxima latina “Excusatio non petita, accusatio manifest”. El representante socialista subrayó además que cualquier iniciativa de tal naturaleza exige un debate parlamentario riguroso y transparente.
Durante sus intervenciones públicas, la presidenta Isabel Díaz Ayuso eludió desgranar los pormenores técnicos de la controvertida operación inmobiliaria. La jefa del Ejecutivo autonómico mostró su profundo malestar ante la insistencia periodística, reorientando el discurso hacia los recientes incendios forestales. La mandataria censuró la falta de empatía mediática frente a las pérdidas ambientales del territorio y aseveró de forma tajante:
“Yo no trabajo ni para Pedro Sánchez ni para lo que organizan mis adversarios”.
Los denunciantes han exigido la fiscalización inmediata de la totalidad de los folios contractuales y administrativos vinculados con la operación. La petición abarca las actas formalizadas, los extractos de transferencias bancarias y los honorarios abonados a intermediarios inmobiliarios. Desde la oposición se manifiesta un escepticismo rotundo sobre la viabilidad técnica para “armar un expediente” que dote de legalidad a la actuación. La tramitación permanece bajo la supervisión del Ministerio Fiscal para determinar el alcance penal de lo tildado como”chapuza colosal”. La fiscalización rigurosa de las finanzas comunitarias constituye una demanda ineludible en el escenario político madrileño.
La resolución de este contencioso definirá los márgenes de fiscalización sobre las empresas públicas autonómicas en el futuro próximo. Los órganos judiciales deberán determinar si existió una indiscutible desviación de poder en el uso de los recursos del erario público. El seguimiento de esta causa marcará el debate institucional durante los próximos meses.
Redacción Madrid
