Tras un mes de silencio informativo, las autoridades actualizan el recuento de fallecidos mientras los colectivos civiles denuncian la existencia de más de 29.000 desaparecidos. La brecha entre el balance oficial del Gobierno y las estimaciones de las ONG sobre las personas no localizadas tensiona la agenda politica en vísperas del diálogo
CARACAS – La revisión de las pérdidas humanas tras el devastador sismo del 24 de junio ha desatado una profunda controversia institucional en Venezuela. Tras semanas de letargo informativo, el poder público ajustó la cifra de víctimas mortales a 6.125 personas. El presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, incorporó 579 decesos adicionados al balance preliminar de julio. Este incremento reactiva el escrutinio social sobre la transparencia de los datos presentados por el Estado.
Sin embargo, el eje del conflicto político radica en la contabilidad de los desaparecidos. El Ejecutivo mantiene inalterada la cifra oficial de 157 personas sin localizar desde el 25 de junio. En abierto contraste, ONG como Provea y plataformas de la sociedad civil sostienen que las personas en paradero desconocido superan las 29.000. La falta de un censo público unificado agrava la desconfianza sobre el verdadero alcance del desastre.
El desacuerdo en torno a los decesos y las desapariciones pone de relieve la precariedad con que se gestiona el flujo informativo. El último reporte oficial modificó sustancialmente su metodología, omitiendo los recuentos de damnificados y daños estructurales severos. En su lugar, la narrativa institucional se centró en métricas de recuperación edilicia, informando la entrega de 287 viviendas. Entretanto, los centros de salud computan 60.992 asistencias médicas por lesiones vinculadas al fenómeno telúrico.
La discrepancia estadística sobre los fallecidos y la suerte de miles de desaparecidos se perfila como un tema prioritario en el debate nacional. El asunto encabezará la agenda de diálogo que el oficialismo y la oposición mantendrán en Caracas. Los actores políticos enfrentan el desafío de esclarecer las dimensiones de la tragedia humanitaria. Al mismo tiempo, el Banco Mundial advierte que el coste económico de la reconstrucción condicionará la gobernabilidad del país durante la próxima década.
Redacción Caracas
