Un informe del Consejo de la Juventud de España revela que la desafección no busca cambiar de régimen, sino conquistar el derecho elemental a una vida digna. Los ciudadanos de entre 16 y 29 años descartan por completo ensayar alternativas de carácter autoritario
MADRID – El profundo descontento de las nuevas generaciones con la clase política actual no supone, bajo ninguna hipótesis, un rechazo a los valores fundamentales de la democracia. Al contrario, las personas jóvenes consideran este marco institucional y de libertades como el mejor modelo posible para garantizar la convivencia. No existe un consenso articulado ni una corriente mayoritaria que pretenda sustituir el sistema democrático por otra alternativa de carácter autoritario. La disconformidad expresada en las calles y redes se dirige hacia el funcionamiento práctico del sistema, no hacia su legitimidad teórica. Los jóvenes demandan mejores resultados, pero dentro del orden constitucional vigente.
Esta es la conclusión central del reciente estudio publicado por el Consejo de la Juventud de España (CJE). El documento se titula ‘Entre el cuestionamiento y el cambio: Discursos de la juventud sobre la democracia en España’. Este informe analiza las percepciones de la población de entre 16 y 29 años. El texto evidencia que la dureza de sus quejas contra la partidocracia no busca subvertir el orden democrático. Carmina Gustrán, comisionada para la ‘Celebración de los 50 años de España en libertad’, sostiene que la desafección detectada “no conlleva la impugnación del sistema, sino, en la mayoría de los casos, un deseo de hacerlo más participativo, más abierto, más operativo, más democrático ‘de facto'”.
Los datos recopilados muestran que las nuevas generaciones no desean retroceder en la conquista de libertades fundamentales. Su insatisfacción responde a una exigencia de calidad institucional que actualmente perciben como insatisfecha. Ninguna fuerza o corriente juvenil propone de manera mayoritaria o consensuada un sistema alternativo para suplantar las urnas. La juventud aspira a una regeneración profunda del funcionamiento de las instituciones públicas. Reclaman canales estables de participación ciudadana que complementen el derecho al voto tradicional. Asimismo, exigen un mayor compromiso ético y una efectiva rendición de cuentas por parte de los representantes públicos.
La crónica política nacional suele interpretar la frustración de las nuevas generaciones como un síntoma de desapego cívico extremo. No obstante, el análisis demoscópico del informe desmiente esta alarmante hipótesis. Los jóvenes diferencian con precisión entre la validez del sistema de governo y las carencias de su gestión ejecutiva. La protesta social y el activismo en plataformas digitales revelan una ciudadanía juvenil activa, no un sector apático. De este modo, la desafección se dirige exclusivamente hacia los partidos políticos convencionales y sus dinámicas de confrontación estéril.
Esta valoración positiva del ideal democrático colisiona drásticamente con una coyuntura material muy desfavorable para los jóvenes. La exclusión del mercado inmobiliario, la inestabilidad en el empleo y la precariedad económica bloquean de manera sistemática sus proyectos de vida autónomos. De forma muy elocuente, la vicepresidenta del Consejo de la Juventud de España, Pilar Blasco, ha advertido que “la democracia no se experimenta únicamente el día de las elecciones, se experimenta también cuando una persona puede emanciparse, acceder a un empleo digno, desarrollar un proyecto vital o confiar en que el esfuerzo tendrá una recompensa razonable”. Así, la legitimidad democrática se asocia directamente a la garantía de condiciones de bienestar material básico.
Frente a este severo diagnóstico social, el informe plantea un decálogo de medidas destinadas a mitigar la exclusión socioeconómica. En el ámbito habitacional, se propone diseñar soluciones públicas para los jóvenes vulnerables sin patrimonio inmobiliario familiar. El estudio aboga por una regulación del mercado de alquiler mediante límites estrictos que reduzcan los precios de forma sustancial. Paralelamente, los autores sugieren reducir la edad mínima de acceso al Ingreso Mínimo Vital a los 18 años. Esta reforma buscaría asegurar una red de seguridad financiera que facilite la emancipación de la población joven en España.
El informe también aborda la vulnerabilidad de la juventud ante los ecosistemas digitales de información sesgada. Entre las recomendaciones se propone establecer medidas públicas orientadas a “supervisar los discursos de odio en redes sociales, la desinformación y las noticias falsas”. Se plantea asimismo la necesidad de financiar programas formativos en pensamiento crítico digital dentro de la educación reglada. Por último, para superar el distanciamiento político, los autores reclaman que los ciudadanos menores de 30 años participen directamente. Consideran indispensable su presencia en el diseño de las políticas sectoriales de juventud elaboradas por las administraciones públicas.
Redacción Madrid
