Feijóo anuncia un proyecto estatal que permitirá a las gestantes acceder a los beneficios de familia numerosa antes de dar a luz
MADRID – El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha anunciado el diseño de una ofensiva legislativa de alcance estatal que busca redefinir las políticas demográficas y de protección social en España mediante la futura aprobación de una ley nacional destinada a otorgar ayudas y prestaciones públicas al concebido y no nacido. Esta propuesta, que toma como matriz la legislación aprobada recientemente en la Comunidad de Madrid, implicará una modificación profunda en los criterios de adjudicación de los recursos del Estado al reconocer legalmente la existencia del nasciturus como miembro de la unidad familiar a efectos administrativos. Al respecto, el líder de la oposición justificó este giro estratégico dentro de la agenda social de su partido aseverando de forma taxativa que “cuando una mujer está esperando un hijo, eso tiene que tener reflejo en las ayudas del sector público”.
Las consecuencias y alcances de este proyecto no solo alterarán la distribución presupuestaria en materia de becas, vivienda y fiscalidad directa, sino que consagrarán un nuevo marco de protección prenatal que asimila el embarazo a un estado de necesidad social susceptible de protección con fondos públicos. En su defensa de la iniciativa, Feijóo reivindicó sus antecedentes de gestión regional y su voluntad de unificar las políticas de natalidad del centroderecha.
“En 2011 lo hice en Galicia – dijo -, ahora lo ha hecho la presidenta de Madrid. Haré una ley nacional para que el concebido y no nacido tenga repercusión en la familia que le está esperando”.
El despliegue de esta futura normativa estatal pretende institucionalizar la doctrina que la dirección nacional del Partido Popular ha venido madurando a lo largo de las últimas semanas. Desde la sede de la formación en la calle Génova, los portavoces de la organización han cerrado filas en torno a este nuevo eje discursivo de apoyo a la maternidad y estímulo de la tasa de fertilidad, un indicador que los populares consideran que se halla en una situación de crisis estructural. El portavoz nacional del Partido Popular, Borja Sémper, respaldó argumentalmente el anuncio presidencial al matizar que las obligaciones y las cargas financieras derivadas de la gestación no se circunscriben al momento del alumbramiento, sino que se manifiestan de manera paulatina desde las fases tempranas del embarazo. Según sostienen fuentes de la dirección popular, la legislación pretende que el Estado asuma una responsabilidad subsidiaria compartida con las familias para evitar que la decisión de tener descendencia se traduzca en una situación de vulnerabilidad económica o en una pérdida de oportunidades laborales para la mujer.
El núcleo operativo del proyecto normativo que diseña el equipo de Feijóo replica los mecanismos de la ley validada en la Asamblea de Madrid el pasado 2 de julio. La principal innovación jurídica estriba en el cómputo del concebido como un integrante más de la unidad familiar antes de que se produzca el nacimiento con vida. Al incrementar de forma ficticia pero legal el número de miembros del hogar en los registros de la administración, las familias podrán sortear con mayor facilidad los baremos de exclusión económica vigentes en las convocatorias públicas. Los efectos económicos y los beneficios sectoriales previstos se clasifican en tres grandes bloques regulatorios.
En primer lugar, la ampliación del acceso a subsidios y becas públicas. Al verse modificados los ingresos per cápita del núcleo familiar por la adición del no nacido, un porcentaje significativo de hogares que actualmente quedan excluidos por superar los umbrales de renta podrán calificar para la obtención de becas de comedor escolar, subvenciones para el ciclo de Bachillerato, plazas de financiación pública en escuelas infantiles privadas y las partidas correspondientes al bono de alquiler joven.
En segundo lugar, adquisición anticipada de la condición de familia numerosa. Uno de los aspectos más significativos de la propuesta radica en que los progenitores que posean dos hijos y se encuentren en estado de gestación del tercero accederán al estatus legal de familia numerosa de manera previa al parto. Esto les facultará para disfrutar de forma inmediata de las deducciones impositivas y las bonificaciones tarifarias en la red de transportes públicos que corresponden a dicha categoría.
Y, por último, las deducciones fiscales y bonificaciones habitacionales. El texto proyectado contempla la aplicación de desgravaciones en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) por gastos de escolaridad, la exención de determinadas tasas de carácter autonómico o municipal y el acceso a incentivos financieros específicos para la adquisición de inmuebles residenciales de segunda mano.
Para que las mujeres gestantes puedan acogerse de forma efectiva a estos derechos, el proyecto de ley fija un requisito temporal y médico riguroso: la gestación debe haber alcanzado un mínimo de 14 semanas. A partir de ese hito madurativo, la acreditación formal del estado de embarazo se canalizará mediante la entrega obligatoria de un informe facultativo emitido por los servicios médicos oficiales.
El anuncio de Feijóo ha acelerado la confrontación ideológica en el Congreso de los Diputados, polarizando las posiciones entre los distintos bloques parlamentarios. Los partidos que componen la coalición de gobierno y sus aliados de izquierda, singularmente Sumar y Podemos, han interpretado esta iniciativa como una estrategia de mimetismo político por parte del líder del Partido Popular frente al ala más conservadora de su formación. Desde el sector de la izquierda se argumenta que el proyecto carece de un trasfondo social real y que su única finalidad es competir con las fuerzas de la derecha alternativa en el debate sobre la denominada batalla cultural.
Por su parte, Vox ha manifestado su conformidad con el espíritu proteccionista de la ley, aunque ha advertido de que su respaldo en las Cortes Generales estará condicionado a una notable intensificación del articulado. La formación de Santiago Abascal pretende aprovechar la tramitación parlamentaria para exigir una reforma de mayor calado que otorgue personalidad jurídica plena al feto. Esta modificación, de carácter civil, abriría la vía a una alteración sustancial de la legislación vigente sobre la interrupción voluntaria del embarazo.
En el plano estrictamente constitucional y doctrinal, la jurisprudencia española mantiene unos límites claros que circunscriben el alcance de esta ley al ámbito estrictamente asistencial. Los expertos del derecho constitucional han recordado que, conforme al artículo 30 del Código Civil, la personalidad jurídica solo se adquiere tras el desprendimiento total del seno materno. Aunque la doctrina del Tribunal Constitucional reconoce que la vida prenatal constituye un bien jurídico que el Estado está obligado a proteger, se mantiene la distinción de que el feto no es titular del derecho fundamental a la vida en los mismos términos formalizados para las personas nacidas.
Redacción Madrid
