Juanma Moreno cede ante las exigencias de Santiago Abascal para asegurar la gobernabilidad y restringe el acceso de los extranjeros a las ayudas públicas y de vivienda. El nuevo Ejecutivo de coalición se declara exento del Pacto Verde Europeo, suprime las zonas de bajas emisiones y blinda jurídicamente la caza y la tauromaquia.
MADRID – Los acuerdos de gobernabilidad suscritos entre el Partido Popular (PP) y Vox han reconfigurado de forma drástica el escenario político de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Al no alcanzar la mayoría absoluta por un estrecho margen de dos escaños, el presidente en funciones, Juanma Moreno, se ha visto obligado a asumir gran parte de las exigencias programáticas planteadas por la formación de Santiago Abascal. El elemento medular y más controvertido de esta negociación ha sido la incorporación de la denominada “prioridad nacional” en el texto del acuerdo. Esta cláusula determina que se otorgará preferencia a los ciudadanos de nacionalidad española, ya residentes en la región, en el acceso a las prestaciones públicas y a las viviendas de protección oficial. Desde la perspectiva de los movimientos progresistas y de las organizaciones internacionales de derechos humanos, esta medida ha recibido severas descalificaciones, al considerar que estigmatiza de forma directa a los españoles nacidos en la región, pero residenciados en otras provincias españolas o en el exterior, y al colectivo inmigrante, al que se acusa de ser responsable de las carencias sociales de la región, fracturando los principios constitucionales de equidad y los pilares de la cohesión social.
A pesar de reconocer la existencia de intensas discrepancias durante el proceso negociador, Moreno ha justificado la incorporación de Vox al Consejo de Gobierno bajo la premisa estratégica de que resulta institucionalmente más operativo comprometerlos en las responsabilidades ejecutivas que mantenerlos en la oposición parlamentaria. Mediante esta fórmula de coalición, la formación derechista adquiere una notable influencia en la gestión pública andaluza. Su portavoz regional, Manuel Gavira, asumirá una vicepresidencia con competencias específicas sobre las carteras de Turismo, Justicia, Administración Local y Desregulación. El reparto de poder se completa con la obtención por parte de Vox de una vicepresidencia en la Mesa del Parlamento de Andalucía y un escaño en el Senado por designación autonómica, lo que garantiza una plataforma sólida para la promoción de sus tesis políticas xenófobas.
El documento programático, compuesto por 150 disposiciones sectoriales, asume las directrices más restrictivas de Vox en materia de política migratoria. El articulado fija una postura institucional de rechazo explícito hacia los flujos migratorios, extendiendo estas medidas punitivas a los menores extranjeros no acompañados (MENA). Entre las actuaciones previstas se detallan planes específicos de repatriación y expulsión para las personas en situación irregular, la fiscalización exhaustiva del gasto público destinado a la acogida mediante auditorías externas, la implantación de métodos rigurosos para la determinación de la edad de los menores y la retirada inmediata de las subvenciones públicas a las entidades del tercer sector dedicadas a la asistencia humanitaria. Asimismo, en el ámbito cultural y de libertades públicas, se establece la prohibición del velo integral (burka y niqab) en las vías públicas y se decreta la supresión del programa educativo de lengua árabe y cultura marroquí en los centros escolares.
Más allá del ámbito estrictamente migratorio, el pacto de legislatura introduce un viraje ideológico de calado en la planificación económica y medioambiental de la Junta de Andalucía. Atendiendo al marco doctrinal de Vox, el Ejecutivo autonómico se compromete a declarar a la región exenta de las regulaciones derivadas del Pacto Verde Europeo y de los objetivos de la Agenda 2030, lo que se traducirá en una relajación sustancial de los controles ambientales que pesan sobre las explotaciones agropecuarias y ganaderas. En esta misma línea de oposición a las políticas de transición ecológica, la administración andaluza se ha comprometido formalmente a denegar cualquier tipo de financiación propia destinada a la implantación o ampliación de Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) en los municipios de la comunidad.
Frente a la agenda climática, el texto prioriza el respaldo a los sectores tradicionales vinculados al ámbito rural y cinegético. Se promoverá un blindaje jurídico para la actividad de la caza y se impulsará de manera activa la tauromaquia mediante incentivos públicos, catalogándola como elemento vertebrador del patrimonio cultural andaluz. Finalmente, en el orden macroeconómico y presupuestario, el nuevo Ejecutivo priorizará una reforma fiscal orientada a la rebaja generalizada de impuestos, la aprobación de las leyes de presupuestos para los próximos cuatro ejercicios, la reducción del gasto administrativo considerado superfluo y el desarrollo de un plan integral de protección a la maternidad y a las mujeres embarazadas, en clara sintonía con los postulados restrictivos en materia de interrupción voluntaria del embarazo que defiende el socio minoritario de la coalición.
Redacción Madrid
