La Asamblea Nacional publica el listado oficial para la ampliación de la máxima corte a 32 magistrados
CARACAS – El Poder Legislativo de Venezuela avanza formalmente en el proceso de reorganización judicial del Estado. La Asamblea Nacional ha consolidado un registro definitivo de 561 profesionales del derecho que aspiran a integrar las magistraturas del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). Esta convocatoria responde directamente a la reciente reforma legal promovida desde el Poder Ejecutivo, orientada a modificar estructuralmente el funcionamiento de la máxima instancia judicial venezolana y elevar a 32 el número de jueces titulares.
De manera complementaria, las autoridades parlamentarias confirmaron la recepción de candidaturas para las dependencias auxiliares del sistema penal. El Comité de Postulaciones Judiciales procesó un total de 63 solicitudes para la Inspectoría General de Tribunales y 33 para asumir la dirección de la Escuela Nacional de la Magistratura.
La lista oficial de aspirantes incluye nombres de amplia trayectoria en el tablero político e institucional del país. Destacan las postulaciones de Katherine Haringhton, exvicefiscal general de la República sancionada por la administración estadounidense en 2015, así como de Aimé Nogal y Luis Emilio Rondón, ambos con experiencia en el directorio del Consejo Nacional Electoral.
La reconfiguración aprobada altera el quórum de las distintas salas para garantizar la absorción de los nuevos funcionarios judiciales. La Sala Constitucional incrementará su conformación de cinco a siete magistrados, mientras que las instancias Electoral, Político-Administrativa, Civil, Penal y Social ampliarán sus escaños de tres a cinco jueces. La Asamblea Nacional mantendrá en sus puestos a doce magistrados activos, sustituirá a ocho por razones de jubilación o renuncia, y procederá a designar de forma directa a los doce juristas restantes.
Con la publicación formal de la lista, el Comité de Postulaciones Judiciales abrió el lapso de objeciones ciudadanas. Desde el 19 de junio hasta el 3 de julio de 2026, la sociedad civil podrá interponer impugnaciones debidamente fundamentadas contra los aspirantes, tras lo cual se iniciará la fase de entrevistas públicas previo a la votación legislativa definitiva.
Esta renovación parcial del TSJ busca contrarrestar las deficiencias del sistema de justicia penal expuestas recientemente por el propio gobierno de Venezuela. Las autoridades ejecutivas admitieron la persistencia de desafíos severos relacionados con la corrupción interna, el retardo procesal generalizado y la criminalización de la pobreza, tras confirmarse estadísticamente que el 68% de la población carcelaria pertenece a los estratos de menores recursos.
Redacción Caracas
