La investigación prioriza el análisis del flujo financiero de González Amador ante los indicios de un presunto cohecho.
MADRID – El magistrado Antonio Viejo ha decidido dar un paso al frente y adoptar una medida que, en el marco de la investigación que lleva a cabo, tendrá hondas repercusiones políticas y mediáticas. El instructor ha dictado un requerimiento formal a 16 entidades financieras para que faciliten un desglose exhaustivo de los archivos bancarios de Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. El objetivo del órgano judicial es que las entidades remitan toda la documentación, extractos y flujos monetarios a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, unidad encargada de la instrucción policial de la trama.
Los investigadores del instituto armado han aguardado esta autorización judicial durante seis meses. Al tratarse de una medida restrictiva que afecta directamente al derecho a la intimidad, los agentes precisaban del aval preceptivo del juzgado para proceder al rastreo. Pese a que la defensa de González Amador interpuso un recurso para frenar la diligencia alegando que resultaba desproporcionada, las instancias judiciales superiores desestimaron la queja, refrendando la obligatoriedad de que los bancos colaboren con la justicia.
La UCO había solicitado inicialmente al instructor indagar en tres vías diferenciadas sobre el empresario: sus cuentas bancarias, su información tributaria y sus registros laborales en la Seguridad Social. No obstante, el magistrado ha determinado que la prioridad absoluta e inmediata de la causa radica en el examen de los activos bancarios, postergando temporalmente las pesquisas fiscales y laborales para focalizar el esfuerzo instructor en los movimientos de capital y transacciones financieras.
El mandato judicial que obliga a las entidades a revelar dicha información se rige por unos criterios estrictos. En primer lugar, el alcance global. La investigación no se limitará a sus cuentas corrientes personales, sino que se extenderá a los balances y posiciones bancarias de todas las sociedades mercantiles bajo su control, entre las que figura Maxwell Cremona.
En segundo lugar, la retroactividad de una década. El juzgado requiere el histórico completo de movimientos desde el año 2014 hasta la actualidad, rechazando ceñirse únicamente al periodo reciente.
Y, por último, la insistencia del juez en retrotraer el análisis al año 2014, solicitud que responde a un criterio indiciario: se sospecha que en dicha fecha se halla la génesis de las relaciones jurídicas y comerciales entre los investigados. El propósito del instructor es confeccionar un inventario real del patrimonio de los encausados para evaluar si se produjo un incremento patrimonial desmedido e injustificado y determinar, en su caso, si dicho enriquecimiento ilícito trae causa de las operaciones mercantiles objeto de investigación.
El origen de esta exhaustiva auditoría bancaria reside en una presunta trama de corrupción en los negocios. Los investigadores sostienen que el rastro financiero arrojará luz sobre los hechos acaecidos en 2020, coincidiendo con la crisis sanitaria de la Covid-19.
En aquellos meses, la mercantil de González Amador ejerció como intermediaria en la compraventa de material de protección sanitaria, percibiendo por dicha gestión una comisión cercana a los dos millones de euros. Poco después de ingresar estos fondos, en diciembre de ese mismo año, el empresario adquirió a Gloria Carrasco la sociedad “Círculo de Belleza” —un negocio de tratamientos estéticos— por un importe de 500.000 euros.
Tanto la Fiscalía como el juzgado aprecian indicios racionales de criminalidad en dicha operación basandosi en dos factores determinantes: el primero, la sociedad adquirida carecía de actividad real, medios materiales y personal, presentando un valor contable prácticamente nulo. Escasos meses antes de la transmisión, las participaciones se habían valorado en una cuantía ínfima, lo que hace injustificable el desembolso de medio millón de euros; el otro, la transmitente, Gloria Carrasco, es la cónyuge de Fernando Camino, presidente de Quirónprevención y superior jerárquico de González Amador. Camino, además, estuvo vinculado a la operativa de compraventa de mascarillas en la que el investigado obtuvo la citada comisión millonaria.
Bajo estas premisas, las autoridades judiciales sospechan que la compraventa de la clínica fue instrumental y constituyó, presuntamente, una comisión ilícita o soborno encubierto. El indicio apunta a que los 500.000 euros canalizados sirvieron para retribuir la mediación de Fernando Camino en el negocio de las mascarillas y para asegurar el posterior incremento de la facturación que Quirón prevenció abonó a González Amador en el ejercicio de 2021.
En este escenario, Alberto González Amador se encuentra encausado en dos procedimientos de distinta naturaleza jurídica. Por un lado, una pieza cuya instrucción se encuentra concluida y que está formalmente a la espera de juicio. En ella se le acusa de defraudar 350.000 euros a la Hacienda Pública mediante la aportación de facturas falsas. Por el otro, la causa actual, de mayor complejidad técnica, en la que se ha acordado el levantamiento del secreto bancario. Al apreciarse indicios de delincuencia económica con ramificaciones interprovinciales, el juzgado ha considerado indispensable la intervención de los analistas de la UCO.
Por todo ello, la entrega de los expedientes por parte de las 16 entidades bancarias se erige como la prueba reina del proceso. Una vez desbloqueado el acceso a la información confidencial, los perfiles financieros permitirán reconstruir cronológicamente cada apunte bancario desde 2014, dilucidando con certeza técnica si el pago de la clínica respondió a una transacción legítima o si se trató de una operativa de blanqueo para ocultar un delito de corrupción.
Redacción Madrid
