Un exhaustivo informe remitido al juzgado avala la pulcritud en la génesis institucional de la plataforma educativa, situando el foco exclusivo en la fiscalización del proceso de licitación informática
MADRID – La instrucción del denominado “caso Gómez” ha sumado un elemento de análisis clave. La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha remitido un exhaustivo informe de 317 páginas al titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, el magistrado Juan Carlos Peinado. El documento, centrado en la fiscalización de la cátedra extraordinaria dirigida por Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, en la Universidad Complutense de Madrid (UCM), concluye que su constitución se ajustó a los cauces legales, aunque advierte serias deficiencias y presuntas adjudicaciones dirigidas en el desarrollo de su plataforma informática.
La principal conclusión del instituto armado debilita una de las tesis nucleares de las acusaciones al ratificar la pulcritud en la génesis del proyecto académico. Según el atestado policial, la cátedra “se nutre de differentes colaboradores”, un despliegue que se ejecutó de modo “acorde con lo dispuesto por la UCM en lo relativo a cátedras extraordinarias y a la normativa común que le es de aplicación a la Universidad”. Los investigadores certifican así que el nacimiento del aula formativa cumplió de forma estricta con la normativa interna del centro superior.
De forma paralela, la auditoría sobre el patrimonio y los flujos financieros de la investigada entre 2019 y 2024 descarta la existencia de cobros opacos o comisiones delictivas. La Guardia Civil señala que “la información bancaria concuerda con el desarrollo de las actividades profesionales” de Gómez. Las retribuciones percibidas de la UCM o de su Fundación, que ascienden a un total de 42.059 euros, se consideran ordinarias y ajenas a cualquier hipótesis de enriquecimiento ilícito.
El escenario de sospecha se desplaza, no obstante, hacia la gestión de la plataforma digital de medición de sostenibilidad adscrita a la cátedra. La UCO desvía la atención de la estructura académica y pone el foco en los procedimientos de contratación externa con dos empresas tecnológicas, apreciando indicios de premeditación para sortear la libre concurrencia.
En el caso de Deloitte Consulting, el informe apunta que los expedientes administrativos se elaboraron como un mero marco formal para otorgar “apariencia de legalidad”, determinando que se actuó “al margen del procedimiento establecido en la normativa”. La policía judicial sostiene que “la consultora ya había iniciado sus funciones con anterioridad” a la formalización del contrato y que los pliegos de condiciones técnicas “se amoldaron a las condiciones predefinidas por Deloitte y la cátedra, incluido el precio”, limitando el acceso a otros licitadores.
Respecto a Making Science Group, el instituto armado describe una anomalía de carácter directo: el encargo del servicio se ejecutó “sin ni tan siquiera haber tramitado un expediente administrativo al efecto”. El pago de los 20.000 euros correspondientes fue liberado a posteriori por la intervención de la universidad exclusivamente para evitar incurrir en un supuesto de enriquecimiento injusto por parte de la UCM, dado que la prestación informática ya había sido consumada.
La Guardia Civil detecta asimismo que la dirección de la cátedra obvió los cauces reglamentarios de la UCM para la protección de activos intangibles. El texto recoge que “no se identifican elementos de los que se desprendan que por los responsables del proyecto se siguió el protocolo establecido por la UCM para el registro de productos susceptibles de generar derechos de propiedad intelectual”. Si bien el alta del dominio web y la marca se gestionaron en canales externos sufragados por la esfera personal de Gómez, los testimonios recabados aclaran que la herramienta mantiene un carácter gratuito y que los colaboradores la reconocen como propiedad de la UCM.
Finalmente, el documento delimita la participación de los recursos humanos asociados al proyecto, singularmente la figura de Cristina Álvarez, asesora personal de Gómez. Pese a carecer de un vínculo estatutario o laboral formal con la Complutense, la UCO la considera de facto “integrada en el equipo de trabajo de la cátedra” y constata su “gestión activa” en reuniones, trámites burocráticos y en el seguimiento de la polémica contratación de la consultora Deloitte.
El informe de la UCO acota técnicamente el marco de la causa penal: mientras la arquitectura institucional de la cátedra supera el filtro de la legalidad, la investigación judicial pivotará sobre las irregularidades procedimentales en la adjudicación de sus contratos informáticos.
Redacción Madrid
