Tras el fracaso y la posterior anulación de la Ley de Amnistía, la Comisión Interamericana acusa la pérdida total de independencia judicial y el uso del encierro como castigo político.
CARACAS – La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ha través de un comunicado ha vuelto a condenar con fuerza la persistencia de las detenciones arbitrarias por motivos ideológicos en Venezuela. El organismo internacional ha colocado en el centro de su agenda la situación de vulnerabilidad extrema que enfrentan los denominados presos políticos, cuya integridad física y psicológica se encuentra gravemente comprometida dentro del sistema penitenciario del país. Mediante este emplazamiento formal, la Comisión exige la excarcelación inmediata e incondicional de los disidentes, recordando de manera taxativa que el Estado venezolano detenta la posición de garante respecto a la vida y el bienestar de toda persona privada de libertad.
El panorama descrito por el organismo hemisférico revela una profunda crisis en los centros de reclusión, caracterizada por prácticas que contravienen los estándares internacionales de derechos humanos. Según las denuncias recabadas, los prisioneros políticos son sometidos de forma sistemática a regímenes de aislamiento prolongado, tratos crueles, inhumanos o degradantes, y a una deliberada denegación de asistencia médica elemental. La manifestación más trágica de esta desprotección institucional es el deceso de al menos 18 personas bajo custodia estatal. Para la CIDH, estos fallecimientos constituyen ejecuciones extraoficiales por omisión o negligencia, eventos de máxima gravedad que configuran violaciones flagrantes al derecho a la vida y que exigen la activación de mecanismos de justicia y rendición de cuentas para evitar la impunidad.
La crónica política de los últimos meses evidencia el uso del aparato judicial como un mecanismo de persecución y control social. A pesar de la promulgación de la «Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática» a principios de 2026, la CIDH observa con profunda preocupación el abismo existente entre la retórica oficialista y la realidad fáctica denunciada por las organizaciones de la sociedad civil. Mientras el Poder Ejecutivo venezolano aduce un beneficio masivo para miles de ciudadanos, las auditorías independientes confirman que la gran mayoría de los procesados políticos continúan sujetos a medidas cautelares restrictivas, sumidos en un limbo legal sin libertad plena ni sobreseimiento de sus causas.
La reciente decisión de la administración interina de anular de forma unilateral dicha legislación, bajo el argumento de una supuesta culminación de su vigencia, añade un elemento de quiebre institucional. Este acto ratifica la subordinación del Poder Judicial al Ejecutivo, evidenciando la inexistencia de una separación de poderes y la consolidación de un sistema de justicia penal utilizado como herramienta selectiva de castigo.
La privación ilegal de la libertad no solo representa un agravio individual, sino una estrategia de amedrentamiento colectivo destinada a neutralizar el pluralismo político. El impacto del encarcelamiento arbitrario genera secuelas severas en el entorno familiar de las víctimas y disemina un efecto inhibidor en el tejido social, socavando los cimientos de la convivencia democrática.
Frente a este escenario de desmantelamiento institucional, la CIDH ha formulado un pliego de exigencias perentorias al régimen de Caracas: el cese inmediato de la política de persecución y detenciones arbitrarias; la transparencia absoluta mediante la publicación de los registros oficiales de personas procesadas por razones políticas; la fijación urgente de un calendario electoral con garantías internacionales; la autorización de visitas de inspección in loco por parte de misiones técnicas independientes.
La resolución de la crisis humanitaria de los reclusos se posiciona, así, como el requisito sine qua non para cualquier intento de restauración del hilo constitucional y el Estado de Derecho en el País.
Redacción Caracas
