CARACAS – La ONG Un Mundo Sin Mordaza (Umsm), presentó su Informe Anual de Libertad de Expresión 2023 con un análisis que documenta las graves violaciones sistemáticas a este derecho fundamental en Venezuela durante el año pasado.
A través de la metodología cuantitativa, se compiló una base de datos con 381 denuncias registradas por distintas organizaciones como Espacio Público, Sala 58, el Sindicato Nacional de Trabajadores de Prensa y el Colegio Nacional de Periodistas (CNP).
El informe revela que se registraron 33 detenciones arbitrarias por parte del Ministerio Público, el 75,8% contra civiles y 24,2% contra trabajadores de prensa, a quienes se les obligó a borrar los contenidos críticos de sus dispositivos.
Se documentaron 118 casos de amenazas, hostigamientos y agresiones físicas y psicológicas contra periodistas y ciudadanos que ejercían su derecho a la libre expresión, el 86,4% eran trabajadores de prensa, a quienes intimidaron, desacreditaron en las redes sociales y algunos confiscaron los equipos.
Adicional se registraron 22 casos de sanciones administrativas arbitrarias por parte de Conatel, se cerraron forzosamente programas que critican al gobierno, y se dieron confiscaciones ilegales de equipos, lo que afectó a emisoras comunitarias e independientes. Asimismo, hubo 12 bloqueos de portales web y de redes sociales.
El estudio también mide el impacto de los servicios públicos básicos que afectan la libertad de expresión, como son los 44 casos prolongados de cortes y fallas en los servicios eléctricos y de conexión a internet en distintas regiones del país que se registran continuamente en las empresas del estado como Cantv y Corpoelec.
En otro orden, se contabilizó al represión de 4.351 protestas pacíficas registradas en el primer semestre de 2023, lo que reitera la violación del derecho de expresión y reunión, lo que además ubica a Venezuela en la posición 159 de 180 países, del ranking internacional de libertad de prensa, según Reporteros Sin Fronteras, mientras que según Freedom House, el país está en el puesto 29/100 en libertad de internet y 15/100 en libertades generales.
Sin cobertura
En cuanto a las libertades individuales, el gobierno no acata las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh), ni de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas y demás organismos internacionales sobre la necesidad de garantizar el libre ejercicio de la libertad de expresión y acceso a la información y además, evidencia una cobertura mediática desproporcionada y sesgada en los principales medios públicos y privados durante el proceso electoral.
Se ha omitido la cobertura informativa sobre el desarrollo del proceso comicial opositor y se han registrado obstáculos y bloqueos de portales web, redes sociales y plataformas digitales que intentaron cubrir el evento electoral.
El Informe alerta sobre el patrón estructural de violaciones, políticas represivas, censura, bloqueos y obstrucción al libre flujo informativo por parte de los cuerpos de seguridad e instancias gubernamentales y hace un llamado de alerta al gobierno a adoptar medidas que reviertan la situación y pare el hostigamiento y persecución contra periodistas y medios.
Redacción Caracas
