MADRID – Fuego cruzado. Psoe y Partido Popular siguen en su rifirrafe. Cada uno acusa al otro de corrupción. Como prometido, la Cámara Alta, con mayoría conservadora, celebró la sesión constituyente de la Comisión encargada de investigar los pormenores del “Caso Koldo”. Decimos, el presunto fraude en los contratos públicos que, durante la pandemia, se cerraron con la intermediación de Koldo García, asesor de José Luis Ábalos cuando este aún era ministro de Transporte.
En su breve discurso, el senador Eloy Suárez, llamado a presidir la Comisión, exhortó a los parlamentarios a trabajar para “evitar que lo sucedido”, conducta contraria a las normas “de cualquier democracia, no vuelva a suceder”.
La Comisión del Senado centrará sus esfuerzos exclusivamente en el “Caso Koldo”. No así la Comisión del Congreso que se constituirá mañana. Esta pretende hurgar en todos los contratos que firmaron las administraciones regionales durante la pandemia. Sin excluir las presuntas irregularidades que se cometieron en la Comunidad de Madrid. Nadie descarta que pudiera solicitarse la comparecencia de Isabel Díaz Ayuso.
Mientras en el Senado y en el Congreso las respectivas Comisiones comenzarán a hurgar para encontrar indicios de fraudes, el Gobierno emprenderá una nueva batalla contra las Comunidades administradas por la coalición Partido Popular-Vox. ¿La manzana de la discordia? La “ley de la Concordia” con la que las administraciones regionales pretenden sustituir la “Memoria autonómica”.
El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, informó en rueda de prensa que su primer paso será tratar de disuadir al Gobierno de Aragón, que ya ha derogado la “Ley de Memoria Autonómica”, de seguir adelante con lo planeado. Decimos, con la aprobación de la “Ley de Concordia”. De no ser posible alcanzar un acuerdo, el ministro aseguró que presentará un recurso ante el “Constitucional”. De la misma manera actuará con la Comunidad Valenciana y Castilla y León. Su propósito es evitar que sustituyan la normativa vigente.
Fuentes del Gobierno de Castilla y León aseguran que la administración regional derogará la “Ley de Memoria” actual y la sustituirán con la de “Concordia”. Niegan que la propuesta del Partido Popular y de Vox invada competencias de la “Ley Nacional de Memoria Histórica”.
Las Comunidades autónomas que se propusieron cambiar la “Ley de Memoria” por otra disposición legal, no se encuentra solas. Un sólido respaldo vino de la Dirección del Partido Popular.
En Génova están convencidos que las Comunidades autónomas están en su pleno derecho, si así lo desean, de derogar y sustituir las leyes vigentes sobre la “Memoria”. La Dirección del Partido Popular considera que la nueva disposición legal “pretende ensanchar y ampliar la condición de víctimas”.
Las asociaciones memorialistas no comparten el criterio de los conservadores. Al contrario, consideran que la Ley de Concordia diluye el papel de las víctimas. Y aseguran que deja sin un marco legal el proceso de exhumación de las víctimas.
A.T./Redacción Madrid
