MADRID – “Según el color del cristal con que se mira”. La Comisión de Venecia, el órgano consultivo del Consejo Europeo, dio a conocer su dictamen definitivo sobre la Ley de Amnistía. Y desató una guerra de interpretación. De hecho, en algunos aspectos respalda la tesis de Gobierno. En otros, da cancha a la Oposición para que pueda afirmar que avala sus argumentos.
El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, al comentar la resolución de la Comisión de Venecia, aseguró que respalda la tesis que, desde hace tiempo, viene sosteniendo el Gobierno. Decimos, puede aprobarse una “ley de Amnistía en España para buscar la reconciliación”. El ministro juzga que el informe echa por tierra “una de las principales mentiras que está intentando verter el Partido Popular”. Y subraya que no se necesita una reforma constitucional para aprobar la Ley.
De acuerdo con fuentes gubernamentales, el informe destaca los elementos de fondo que justifican la Ley. Estos son: no afecta la separación de poderes, no menosprecia el principio de igualdad y legitima la amnistía como instrumento de reconciliación.
Sin embargo, el informe de la Comisión de Venecia también ofrece argumentos para que el Partido Popular pueda arremeter contra la norma y contra el Gobierno. Por ejemplo, critica que la Ley de Amnistía se tramita “con urgencia” y aconseja que se estrechen cobertura y alcance temporal. De hecho, la Ley extiende su paragua desde el 1 de noviembre de 2011 hasta el 13 de noviembre de 2023.
Cuca Gamarra considera que el informe es “una humillación” para el Ejecutivo. Y asegura que la Comisión “cuestiona tanto el fondo como la forma de la Ley”
Fuentes de Génova destacan que la Comisión tomó muy en serio los alegatos presentados por el presidente del Senado, Pedro Rollán, quien, desde Venecia dijo que “fue un acierto que el Senado solicitara el Informe de la Comisión de Venecia”.
Desde Génova se acusa al Gobierno de mentir al querer pasar por constitucional una Ley que viola el criterio de la separación de poderes.
Expertos juristas y analistas políticos consideran que la Comisión ha sido “maquiavélica” al no dar la razón ni a uno ni al otro bando, pero si argumentos para que tanto el Gobierno como la Oposición pudieran verse reflejados en el informe.
Redacción Madrid
