MADRID – De vuelta a la Comisión de Justicia. El futuro de la Ley de amnistía, para bien o para mal, está nuevamente en manos de los grupos políticos. Serán ellos, y no otros, quienes, sin cambiar el fondo del instrumento legal, deberán operar aquellas mejoras que le permita superar el examen del Congreso. O, lo que es lo mismo, de los diputados de Junts quienes, votando con el Partido Popular y Vox, devolvieron la propuesta de Ley a la Comisión.
La mesa de Congreso ha establecido un primer plazo: el 21 de febrero. Sin embargo, de ser necesario, podrá ampliarse como máximo hasta un mes.
Los socialistas consideran que la propuesta de Ley no necesita mejoras. Y temen que cualquier cambio podría hacerla inviable para la Corte Constitucional o para la Unión Europea. Ahora, insisten, “está blindada”. Por eso plantean, en alternativa, modificar la Ley de Enjuiciamiento Criminal y limitar los plazos de instrucción de las causas judiciales.
Fuentes del Psoe reconocen que, por ahora, esta es tan solo una propuesta sobre la cual se podría trabajar. Junts no se cierra. Decimos, no rechaza analizar probables cambios en la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Pero, sigue inamovible. Insiste en que solo sus enmiendas sobre terrorismo beneficiarán realmente a todos. Es un choque de trenes que preocupa a Esquerra Republicana de Catalunya.
Los republicanos catalanes consideran que este no es el momento de perder tiempo en otras leyes. Y hacen hincapié en lo importante que resulta aprobar la amnistía.
Para el Partido Popular, la propuesta alternativa del Psoe es “un ejercicio de contorsionismo legal”. Y acusan a los socialistas “de abusar de la Ley para contentar a sus socios”. En Vox hablan de “manoseo sistemático” de las leyes por parte del gobierno.
Mientras en el ámbito político toda la atención está puesta en la Ley de Enjuiciamiento Criminal y en la propuesta de Ley de amnistía; en el ámbito jurídico el foco está puesto en el “caso Tsunami Democratic” y los presuntos indicios de terrorismo.
El fiscal Álvaro Redondo, encargado del caso, no veía pruebas concretas de terrorismo contra Carles Puigdemont, el ex presidente de la Generalitat prófugo de la justicia. No opina igual la mayoría de la Junta de Fiscales de Sala. 11 de los 15 fiscales que la componen estiman que hay indicios suficientes para que se actúe y se investigue a Puigdemont.
La “patata caliente”, ahora, está en manos de la teniente fiscal del Tribunal Supremo, María de los Ángeles Sánchez Conde, nombrada en su oportunidad por la “progresista” Dolores Delgado, anterior Fiscal General del Estado. Será la Nº 2 del Fiscal General del Estado quien tendrá que fijar pautas: defender la tesis del fiscal Redondo o, por el contrario, inclinarse hacia los criterios planteados por la mayoría. Cualquiera que sean su decisión, el informe no será vinculante. El Tribunal tendrá la última palabra sobre un caso, el “Tsunami Democratic”, que la Audiencia Nacional abrió en 2019 por presunto delito de terrorismo.
A.T./Redacción Madrid
