MADRID – Mientras la crisis pareciera devorar a Vox y Pere Aragonés hace un llamado a la sindéresis para evitar que la Ley de Amnistía llegue a zozobrar en la tormenta desatada por Junts, Psoe y Partido Popular, en Bruselas y con la mediación del Comisario de Justicia de la UE, el belga Didier Reynder, buscan enderezar el entuerto y encontrar una solución a la parálisis del Poder Judicial.
Félix Bolaños, ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones de la Cortes, y Esteban González Pons, vicesecretario de acción institucional del Partido Popular, se han reunido para destrabar la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Su mandado lleva caducado cinco años. Los “populares” rehúsan renovar el órgano.
Las posiciones del Gobierno y del Partido Popular no podían estar más alejadas. El primero insta al mayor partido del País a renovar el Consejo General del Poder Judicial y, luego con más calma, buscar cómo cambiar su sistema de elección. Primero es lo primero, dicen los socialistas, luego todo lo demás. Es justo lo contrario de la tesis que traen a colación los “populares”. Sostienen que las dos cosas están vinculadas estrechamente y no se puede hacer la primera – léase renovación de CGPJ – sin la otra.
Después del encuentro con Bolaños, más de una hora de conversación, Pons ha manifestado sentirse “muy pesimista”. Sin embargo, ha asegurado que no negará “una oportunidad a este proceso de diálogo que se ha abierto porque no cumple con las expectativas que teníamos”.
Bolaños, por su parte, ha afirmado que “esta vez tiene que ser la definitiva”. Y subrayado que la “justicia no aguanta más tiempo de bloqueo”.
Los “populares”, hace 15 meses, se echaron atrás cuando parecía que el acuerdo por fin estaba cerrado. Justificaron la decisión señalando que no podían pactar con quienes planeaban reformar el delito de sedición.
Bruselas quiere que el diálogo que comenzaron Bolaños y Pons avance sin pausas. No quieren que el proceso se eternice. Se está a la puerta de las elecciones europeas. Julio está lejos; pero no tanto como parece. Es por eso por lo que quieren enderezar el entuerto cuanto antes. Decimos, lograr en unos dos meses lo que no se pudo en cinco años.
Un ojo puesto en Bruselas y otro en Barcelona. Lo que pasó en el Congreso de los Diputados ha dejado un amargo sabor en la boca. Pareciera asistir al choque de dos trenes. Por un lado, el gobierno que pide a Junts que recapacite. Y, por el otro, Junts que emplaza al gobierno a aceptar sus enmiendas. El uno y el otro tienen quince días para alcanzar un punto de encuentro.
Ha sido Pere Aragonés, presidente de la Generalitat, quien ha ilustrado mejor el nivel de confusión y desánimo que ha provocado la decisión de Junts.
Aragonés hizo un llamado a la “responsabilidad”. Pidió a los partidos salvar la Ley de Amnistía y no poner en riesgo una legislatura que, dice, es una “oportunidad histórica” para avanzar.
También el lehendakari, Iñigo Urkullo, manifestó preocupación por la postura de Junts. Teme por las “estabilidad de la Legislatura”.
El Gobierno reconoce que, de no aprobarse la Ley de Amnistía, habrá seguramente complicaciones. Pero, no tan graves como para que peligre el ejecutivo.
– La Legislatura – aseguró Bolaños – no la decide ningún grupo político; la decide el presidente del Gobierno. Por eso, vamos a estar tres años y medio gobernando.
Y a quienes manifiesta preocupación por los presupuestos, contesta la ministra de Hacienda, María Jesús Monteros.
– Los presupuestos están prorrogados – ha comentado -. Tenemos nuestras cuentas en vigor. La voluntad de este gobierno es aprobar nuevas cuentas públicas. Todavía es prematuro conocer el planteamiento de Junts.
A.T/Redacción Madrid
