MADRID – Quienes auguraron una pausa en la contienda política, luego de la aprobación de la Reforma Constitucional en la que Psoe y Partido Popular encontraron un concierto del todo inusual, quedaron defraudados. La calma, la cual parecía serenar los ánimos y aplacar la crispación, duró poco. Un abrir y cerrar de ojos. La política española no permite más. No da tregua. Es así como la polémica vuelve a ser el pan de cada día.
Resultaba claro hasta a un neófito de la política. Las declaraciones de la vicepresidenta tercera y ministra de la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, no podían pasar desapercibidas. Y no lo hicieron. Fueron la chispa que desató nuevamente la crispación.
La vicepresidenta tercera ha cuestionado abiertamente al Juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón. Dijo lo que otros piensan y callan. A saber, sin nombrarlo abiertamente, afirmó que el Juez tiene “querencia” a “actuar en momentos políticos sensibles”. La referencia es al “Caso Tsunami Democratic” y al proyecto de Ley de Amnistía.
“Yo sería muy cauta con respecto a la manera en que se está pronunciando este juez que tiene querencia por pronunciarse siempre en una misma dirección – comentó -. Y lo hace en un momento particularmente oportuno”.
Palabras, las de la vicepresidenta, que desataron el avispero. Es harto conocido que Carles Puigdemont y Marta Rovira apuestan todo a la Ley de Amnistía. Sin embargo, de prosperar la tesis del Juez García-Castellón, todo esfuerzo sería inútil. La amnistía no cubre “los actos dolosos contra personas que hubieran producido un resultado de muerte” y tampoco los delitos de terrorismo sobre los que haya recaído sentencia firme. No es el caso de Puigdemont y de Rovira. Mejor dicho, no aún. No obstante, podría serlo de ir a juicio y ser condenados antes de la aprobación de la amnistía.
El Juez García Castellón ve indicios de delitos de terrorismo en el “Caso Tsunami” y, en particular, en la toma del aeropuerto de Prat, en el cual perdió la vida un hombre. Es por eso por lo que Junts ahora insiste en que quede negro sobre blanco que todos los delitos del “proces”, sin excepción, queden amnistiados. Puigdemont y Rovira no quieren correr riesgos.
Para el Partido Popular, como dejó claro su Segretaria general Cuca Gamarra, las declaraciones de la vicepresidenta tercera son extremadamente graves. Acusa al gobierno de haber asumido el discurso independentista. Exige al presidente del Gobierno que desautorice a su vicepresidenta y, dulcis in fundo, anuncia que reprobará a la ministra en el Senado.
“De lo contrario – comentó Gamarra – serán ellos mismos los que estarían asumiendo que en España hay lawfare; que en España los jueces prevarican.
Desde la Moncloa dejaron claro que el Gobierno respeta las decisiones del Poder Judicial. Y el ministro Oscar Puente les quitó valor a las críticas de los “populares” al señalar que fue el Partido Popular quien afirmó que “el Constitucional no es un órgano imparcial”.
Mientras la polémica desatada por Ribera incendia la pradera, la Fiscalía investiga si hay delito en las palabras pronunciadas por el presidente de Vox, Santiago Abascal, entrevistado por un diario argentino.
“Llegará el momento en que el pueblo querrá colgarlo por los pies”, dijo refiriéndose al presidente Sánchez. El Psoe presentó una denuncia porque considera que el líder de la ultraderecha incurrió en un delito de odio.
A.T/Redacción Madrid
