LA PAZ – La Fiscalía de Bolivia pidió que se aplique la pena máxima de 30 años de prisión a la expresidenta interina Jeanine Añez, y otros exfuncionarios, por el delito de “genocidio” por la muerte de 18 civiles durante la crisis de 2019.
El fiscal general, Juan Lanchipa, informó en una rueda de prensa este lunes que “se han concluido las investigaciones” en los casos de Sacaba, en el departamento de Cochabamba, y en Senkata, un barrio cerca de La Paz, por lo que la Comisión de Fiscales asignados presentó “el Requerimiento Conclusivo de Acusación Formal en contra de 18 personas, por el delito de Genocidio”
Lanchipa dijo que por las muertes en Sacaba y Senkata “se solicitará la imposición de una sentencia condenatoria con la pena máxima de 30 años de privación de libertad” por “genocidio”, porque hubo una “grave vulneración a los derechos humanos” y “ejecuciones sumarias”.
En Sacaba, durante una acción conjunta de militares y policías contra un grupo de manifestantes el 15 de noviembre de 2019, se estableció que Añez “tomó contacto con el alto mando de las Fuerzas Armadas en el instante mismo del operativo” y asumió el “control absoluto” de esa acción, dijo el fiscal general.
Mientras que , el 19 de noviembre de ese año en Senkata, señaló Lanchica se ejecutaron “31 acciones desproporcionadas de represión a través de armas y municiones de guerra y vehículos mecanizados blindados” contra “manifestantes civiles desarmados”.
En la lista de acusados figuran, además de la exmandataria, el exjefe de Defensa Luis Fernando López; el antiguo ministro de Gobierno Arturo Murillo; el excomandante en jefe de las Fuerzas Armadas (FFAA) Sergio Carlos Orellana; el exjefe de Estado Mayor de las FFAA Pablo Arturo Guerra Camacho, así como otros altos cargos militares.
Áñez asumió la Presidencia de Bolivia el 12 de noviembre de 2019, en medio de una crisis política y acusaciones de fraude electoral que llevaron a la renuncia del entonces presidente Evo Morales, por lo que fue acusada de dar “un golpe de Estado” y sentenciada a 10 años de prisión.
La exgobernante, detenida en 2021 y recluida en la Cárcel Femenina de Miraflores, en La Paz, afronta al menos siete procesos en la justicia ordinaria, según sus abogados.
Redacción Caracas
