CARACAS – El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ordenó el pasado viernes intervenir la Cruz Roja Venezolana y designó a Ricardo Cussano, ex presidente de Fedecámaras, a presidir la junta directiva reestructuradora, a fin de ampliar y diversificar el organismo, integrando a sectores de la sociedad venezolana.
La medida tiene como propósito proteger la integridad de los voluntarios y trabajadores de la Cruz Roja Venezolana, a raíz de una investigación que hiciera la Fiscalía sobre “presunto acoso y maltrato” por parte de su presidente, Mario Villarroel.
Cussano, quien se comprometió a asumir la responsabilidad, conformará una junta plural e independiente. Pidió el acompañamiento de distintas organizaciones y sectores de la sociedad civil, de la Federación Internacional de la Cruz Roja y del Comité Internacional de la Cruz Roja, a fin de garantizar un proceso transparente y acorde a los principios de la institución.
Señaló que la junta iniciará con un proceso de evaluación, reestructuración y modernización de la Institución que culmine en una elección transparente de sus autoridades.
En alerta derecho a libre asociación
Por su parte, diversas ONG se pronunciaron sobre lo delicado de la intervención del TSJ en la institución y sobre el derecho a la libre asociación en Venezuela. En especial, porque la decisión se fundamenta en presunciones basadas en denuncias y testimonios de personas no identificadas en la demanda, lo que hace que los hechos tambiénsean presuntos, indicó Alí Daniel de la ONG Acceso a la Justicia.
“El hecho de que directivos de la Cruz Roja (venezolana) hayan, presuntamente, cometido delitos, que, de probarse, esperamos sean juzgados por ellos, no justifica una medida tan invasiva y peligrosa para un derecho humano esencial como lo es la libertad de asociación (…)” y lo que debía hacerse era elegir nuevas autoridades, manifestó.
Advirtió que debió hacerse el proceso de transición con la participación de algún miembro de la organización y no por una junta impuesta por el Estado, pues genera un precedente que puede afectar a otros organizaciones y además podría incorporar miembros ajenos a estas para luego controlarlas, dejándolas expuestas a intervenciones arbitrarias que merman el derecho de autogestión y autorregulación.
Entre tanto Fundaredes alertó que “la acción forma parte de la receta seguida por otros regímenes autoritarios como Nicaragua, donde la Cruz Roja, en mayo de 2023, pasó a ser controlada por el Gobierno de Daniel Ortega”.
Rafael Uzcátegui de Provea indicó que mientras hay democracia existe un “debido proceso” donde la sospecha de delito amerita el inicio de una investigación, con un procedimiento judicial en el que el acusado tiene el derecho a la defensa, pues sólo en dictaduras hay intervenciones, y rechazó que el gobierno nombrara un empresario en lugar de un experto en el área humanitaria para presidir la reestructuración.
Redacción Caracas
