TEGUCIGALPA – La policía militar tomó el control de las cárceles de Honduras, para desmantelar las bandas que operan desde allí, tras la matanza de 46 reas en un penal de mujeres y una escalada de violencia en el país, dijeron autoridades.
El operativo se inició este lunes tras el anuncio de la presidenta Xiomara Castro de devolver el control del sistema penitenciario a la Policía Militar del Orden Público (PMOP), luego de la mortal reyerta la semana pasada en el penal femenil entre miembros de las pandillas Barrio 18 y su rival Mara Salvatrucha.
“La vida y la seguridad de los ciudadanos y sus bienes la garantiza la Constitución. Nuestra misión es derrotar el crimen organizado que está en las cárceles y vamos sobre los autores intelectuales que operan desde afuera”, dijo en un tuit el ministro de Defensa, José Manuel Zelaya.
El gobierno divulgó imágenes de cientos de prisioneros con sus cabezas rapadas, en pantalones cortos y sin camisas, y muchos de ellos tatuados, sentados con las manos en cabeza mientras son vigilados por los militares fuertemente armados y los rostros cubiertos.
Las imágenes tomadas en la prisión de alta seguridad de Támara, situada unos 15 kilómetros al norte de Tegucigalpa, recuerdan a las de los pandilleros trasladados en una megacárcel en la vecina, donde el gobierno del presidente Nayib Bukele mantiene una controversial “guerra” contra las violentas pandillas, en la que han sido capturados más de 60.000 miembros de las maras.
Además del penal de Támara, donde se encuentran hacinados unos 4.200 reos, los militares aseguraron el penal de alta seguridad La Tolva, cerca de la capital y con 1.963 reos, y el Centro de Adaptación Social Femenino, que fue escenario de la muerte de las 46 mujeres, informó el vocero de las Fuerzas Armadas, capitán Antonio Coello.
Según las autoridades, en las requisas de los penales se decomisaron pistolas, ametralladoras, municiones, cargadores y granadas, así como teléfonos celulares y explosivos de fabricación casera.
“Aquí se acabó la corrupción en los centros penales, vamos a controlarlos y no vuelven a salir de aquí llamadas para ordenar extorsiones o ejecuciones”, dijo el jefe de la PMOP, coronel Fernando Muñoz, en conferencia de prensa.
En mayo pasado, el Gobierno hondureño prorrogó hasta el 5 de julio el estado de excepción declarado en diciembre en 123 de los 298 municipios del país centroamericano para combatir a las bandas criminales.
El decreto ejecutivo suspende seis derechos constitucionales, como la libertad de circulación, el derecho de asociación y reunión, y la inviolabilidad del domicilio, y permite a las fuerzas policiales y militares coordinar “acciones para mantener el orden, la paz y la seguridad nacional, así como el control de las fronteras terrestres, aéreas y marítimas”.
La medida, según las autoridades policiales, ha permitido desarticular más de 150 bandas criminales y decomisar 2.263 armas de fuego y grandes cantidades de drogas.
Redacción Caracas
