MANAGUA – La Procuraduría General de Nicaragua ordenó la confiscación de los bienes de 222 presos políticos que fueron excarcelados y desterrados a Estados Unidos el 9 de febrero, al cumplirse cuatro meses de su deportación.
A través de una sentencia de la Sala Penal 1 del Tribunal de Apelaciones, fechada el 19 de mayo y divulgada en Managua este viernes notificó a la procuraduría que ordene “la inmovilización y el decomiso a favor del Estado de Nicaragua que todos los condenados tengan en los Registros Públicos de la Propiedad y Mercantil”.
Entre los condenados se encuentran siete exaspirantes a la presidencia, abogados, exguerrilleros sandinistas, defensores de derechos humanos y periodistas críticos al gobierno de Daniel Ortega.
Además de las propiedades, se les confiscarán “todas las acciones y sociedades mercantiles” que puedan poseer, “para que respondan por los delitos cometidos y con el propósito de garantizar la paz social, la independencia, la soberanía (y) la autodeterminación del Estado de Nicaragua”, señaló el informe oficial.
Según el fallo, los exprisioneros fueron declarados “traidores a la patria”, despojados de su nacionalidad nicaragüense y deportados, tras ser condenados por “cometer actos de menoscabar la independencia, la soberanía, la autodeterminación del pueblo” y por “incitar a la violencia, el terrorismo y la desestabilización económica”.
En febrero, tras la expulsión de los excarcelados, el gobierno ordenó confiscar las propiedades de otros 94 opositores, en su gran mayoría exiliados, exguerrilleros, activistas y periodistas, declarados apátridas y despojados de sus derechos ciudadanos como las pensiones de vejez.
Nicaragua vive una grave crisis política y social desde abril de 2018, cuando protestas cívicas fueron reprimidas con violencia por policías y paramilitares que dejaron 355 civiles muertos, más de 2.000 heridos y al menos 100.000 exiliados.
Redacción Caracas
