BOGOTÁ – El presidente de Colombia, Gustavo Petro, reactivó este lunes las operaciones militares contra las disidencias del Estado Mayor Central de las FARC en cuatro regiones del país, tras el asesinato de cuatro menores indígenas por parte del grupo guerrillero.
“Se informa que el cese bilateral que había actualmente con este grupo armado”, que no se acogió el acuerdo de paz de 2016, “en los departamentos de Meta, Caquetá, Guaviare y Putumayo se suspende y se reactivan todas las operaciones ofensivas”, escribió el mandatario en Twitter.
En un comunicado, el Gobierno calificó como “un hecho atroz que cuestiona la voluntad de construir un país en paz” la ejecución de los cuatro jóvenes, denunciada el pasado sábado por la Organización Nacional de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana (Opiac).
“En consecuencia, se informa que el cese bilateral que había actualmente con este grupo armado en los departamentos del Meta, Caquetá, Guaviare y Putumayo se suspende y se reactivan todas las operaciones ofensivas”, señala el texto, en el que se indica que esta medida “se hará efectiva en las próximas 72 horas”.
Previamente, la OPIAC relató que el joven Luis Alberto Matías Capera decidió escapar el pasado 26 de marzo de las disidencias de las FARC que lo habían reclutado forzadamente junto a los otros tres jóvenes que hacía parte de la comunidad Mururi. Sin embargo, fueron encontrados y posteriormente asesinados.
“Tras el escape, el día 17 de mayo del 2023 en horas de la tarde y tras la búsqueda por parte del grupo armado organizado a estos jóvenes, fueron encontrados en la comunidad “el Estrecho”, en límites entre Caquetá y Amazonas, causándoles así la muerte con arma de fuego a cada uno de los cuatro jóvenes que habían intentado escapar de la situación de reclutamiento”, indicó el organismo en una nota.
De su lado, Astrid Cáceres, directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), denunció que los 4 jóvenes fueron asesinados “con sevicia”, mientras que el gobernador de Caquetá, Arnulfo Gasca Trujillo, detalló que “fueron masacrados delante de sus comunidades”.
“El reclutamiento de menores es un crimen de guerra que afecta a los niños y niñas, también a sus familias y comunidades”, manifestó la oficina del Alto Comisionado. al señalar que el asesinato es un mecanismo de exterminio contra los pueblos originarios.
Redacción Caracas
