LIMA – La presidenta de Perú, Dina Boluarte, negó que se hayan producido “ejecuciones extrajudiciales” y “masacre” durante las protestas antigubernamentales que sacudieron el país los últimos meses, tal y como señaló la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) este miércoles.
“Como todo informe, hay cuestionamientos que no compartimos pero respetamos (…) De hecho, rechazamos la supuesta existencia de ejecuciones extrajudiciales y la calificación de masacre, aún cuando se menciona de manera condicional en los hechos ocurridos durante las protestas”, indicó la presidenta junto al gabinete ministerial.
“Los de la Comisión estuvieron dos y tres días; en cinco días no creo que hayan podido llegar a conclusiones, por eso hablan en condicional”, apuntó.
Boluarte dijo que las fuerzas policiales y militares siguieron “estándares internacionales” en la represión de las protestas y que las muertes ocurridas en las protestas se están investigando en los organismos judiciales correspondientes . En su reporte sobre la situación de los derechos humanos en Perú, la CIDH afirma que la respuesta del Estado a las protestas que estallaron tras el fallido autogolpe del expresidente Pedro Castillo “estuvo caracterizada por el uso desproporcionado, indiscriminado y letal de la fuerza”.
Asimismo, denuncia que en la ciudad andina de Ayacucho hubo casos de “ejecuciones extrajudiciales” lo que “podría calificarse como una masacre”. La mandataria también descartó cualquier hecho de discriminación por raza, mencionado en el informe :”Somos el primer gobierno en 30 años que está atendiendo a los hermanos más vulnerables”, subrayó.
“El informe de la CIDH no atribuye responsabilidad penal a título personal a ninguna autoridad del Estado. No estamos ante una sentencia”, expresó de su lado el primer ministro y hombre fuerte del gobierno, Alberto Otárola.
Bolurate saludó que el documento de la CIDH sea firme al condenar el golpe de Estado llevado a cabo por el entonces presidente Pedro Castillo el 7 de diciembre de 2022 y el reconocimiento del organismo regional a la rápida respuesta de las instituciones peruanas para preservar el orden constitucional y el estado de derecho en dicha fecha.
Tras la destitución de Castillo, estallaron protestas en todo el país que han dejado unas 60 muertes, incluyendo varios policías, y centenares de heridos, según las cifras oficiales.
Redacción Caracas
