CARACAS – Un informe publicado este miércoles por Human Rights Watch responsabiliza al Ejército y a la Policía de Perú de muertes y “abusos brutales contra manifestantes y transeúntes” durante las protestas ocurridas desde el mes de diciembre.
“El ejército y la policía del Perú son responsables de muertes que podrían constituir ejecuciones extrajudiciales o arbitrarias, así como de otros abusos brutales contra manifestantes y transeúntes durante protestas entre diciembre de 2022 y febrero de 2023″, señaló HRW en su informe “Deterioro letal. Abusos por las fuerzas de seguridad y crisis democrática en el Perú”.
Los abusos, apunta el documento de 117 páginas, se produjeron en un contexto de deterioro de las instituciones democráticas, corrupción, impunidad por abusos cometidos en el pasado y desigualdad persistente.
Según el informe, aunque los manifestantes fueron responsables de “graves” actos de violencia, “que deben ser investigados” la respuesta institucional fue desproporcionada incluyendo fusiles de asalto y armas cortas. “Cuarenta y nueve manifestantes y transeúntes, entre ellos ocho niños menores de 18 años, murieron durante las protestas”, recoge la organización.
Después de entrevistar a 140 personas y verificar más de 37 horas de vídeo y 663 fotografías de las movilizaciones, así como autopsias e informes de balística, HRW detalló que “al menos 39 personas murieron por heridas de bala. Más de 1.300 personas resultaron heridas, entre ellas cientos de agentes de policía. Un agente de policía murió en circunstancias poco claras”.
La organización constató el “uso excesivo de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad, violaciones del debido proceso, abusos contra detenidos y deficiencias en las investigaciones penales, así como una arraigada crisis política y social que erosiona el Estado de derecho y los derechos humanos en el Perú”.
Por lo que llamó a investigar los homicidios de forma imparcial y exhaustiva para a “alcanzar a todos los responsables de los abusos, incluidas las más altas instancias de gobierno”.
Al respecto, HRW indicó que “las autoridades gubernamentales se mostraron indiferentes ante los abusos, negando a menudo que hubieran ocurrido”
“Durante semanas,mientras las fuerzas de seguridad mataban a manifestantes y transeúntes, el Gobierno de Boluarte parece haber mirado hacia otro lado”, acusó César Muñoz, director asociado de la División de las Américas de Human Rights Watch.
Dina Boluarte, quien sucedió constitucionalmente a Castillo tras el fallido autogolpe del 7 de diciembre pasado, está bajo investigación fiscal y podría afrontar un juicio por graves violaciones a los derechos humanos.
Redacción Caracas
