MADRID – La polémica está servida. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, descarta toda posibilidad de indulto a la presidenta del Parlament, Laura Borràs. No lo ha dicho abiertamente. Sin embargo, sus palabras, al responder a los periodistas que lo acompañan en su misión en China, dejan poco espacio a la interpretación. En fin, considera que el de Borrás es “un caso en flagrante de prevaricación y mal uso de los recursos”. A buen entendedor, pocas palabras. Por ahora, la sugerencia del Tribunal Supremo de Justicia no parece ser atendida por el jefe de Gobierno.
La sentencia aun no es definitiva. Laura Borràs podrá recurrirla. En fin, apelar al Tribunal Supremo. Y seguro que lo hará. Mientras tanto, al no haber una sentencia firme, hasta que no se agoten todas las instancias judiciales, podrá mantenerse en el cargo.
Borrás pareciera estar dispuesta a dar la batalla y a no ceder a las presiones de los partidos, todos o casi, que le solicitan desistir de su empeño. De hecho, tal solo la respalda Junts. Pero cada vez menos convencido.
La presidenta “suspendida” está persuadida, y así lo reitera a quien quiera escucharla, de que se trata de “una condena política”. Y de una manifestación más del poder de un Estado represor.
La posición de Borrás es delicada. Todavía le quedan dos años de gobierno. No obstante, con una condena por prevaricación, aun cuando todavía no firme, y con todos los partidos en contra, le será casi imposible gobernar. Podrían seguir meses de parálisis política para la región. Aún cuando parezca paradójico, el futuro de Borrás está en manos de su partido, y el del partido en sus manos. De dar un “paso al lado”, su escaño sería ocupado automáticamente por otro miembro de Junts. Los equilibrios quedarían inalterados. Además, en estos momentos, los socialistas y los republicanos estarían dispuestos en aceptar que la presidencia del Parlament quedara en manos de un exponente de Junts. No pondrían trabas.
Por otra parte, Ciudadanos solicitó a la Junta Electoral Central que tome carta en el asunto. Es la única autoridad que puede apartar a Borrás del cargo que desempeña. Hay precedentes. ¿Por qué no hacer lo mismo con Borrás?, se pregunta Ciudadanos y también Vox.
Mientras en Cataluña se espera el desenlace del “Caso Borrás”, en Madrid Podemos se une al coro de quienes critican a José Félix Tezanos, quien dirige el CIS. Los partidos de la Oposición, quién más y quien menos todos de derecha, vienen denunciando la supuesta manipulación de las encuestas del CIS desde hace muchos meses. Y ahora también la tolda morada levanta su voz.
Podemos no está conforme. Sostiene que del análisis de los microdatos del último barómetro se desprende que no hay “bajada” alguna de Podemos en la estimación de voto. Y que los resultados han sido alterados para dañar la imagen del partido. En el último barómetro, los morados frenaban en la intención de voto por la polémica Ley sobre el sí es sí; al tiempo que el Psoe avanzaba no obstante el “caso Tito Berni”. Ione Belarra, secretaria general de Podemos, ha pedido explicaciones. En cambio, Lilith Verstrynge, secretaria de Organización, ha responsabilizado al Psoe de “utilización partidista del órgano público”. No es todo. La representante del partido morado ha subrayado que personeros del Psoe están tratando de dañar la imagen de Irene Montero. Sostiene que la manipulación ocurre en una coyuntura particularmente delicada para el partido. Podemos actualmente está enfrentado a Yolanda Díaz quien el domingo lanzará su candidatura a las generales. Un conflicto en el cual los socialistas, señalan en Podemos, ha tomado partido. Y no precisamente a favor de sus socios.
En la polémica levantada por Podemos interviene también Alberto Núñez Feijó, presidente del Partido Popular. Y lo hace para señalar que las denuncias sobre el uso partidista del CIS, ahora, “también alcanzan a una parte del propio Gobierno”. En su opinión “supone la gota que colma el vaso” e implica que se se falsean las encuestas.
Núñez Feijóo, en declaración a los medios en Elche, también hizo referencia a la reforma de la Ley de Pensiones. Ha reiterado que, su opinión, la reforma “es una huida hacia adelante” del presidente Sánchez, porque pretende “llegar a las elecciones”. Afirmó que el Gobierno está consciente de que, en 2025, habrá necesidad de incrementar las cotizaciones, bajar las pensiones o ambas cosas.
A.T./Redacción Madrid
