BUENOS AIRES – El Tribunal que condenó a la vicepresidenta argentina, Cristina Fernández, a seis años de prisión e inhabilitación para ocupar cargos públicos por defraudación en la obra pública, dijo este jueves que se trata de “un grave hecho de corrupción sin precedentes” en el país, con daños al Estado por 84.335 millones de dólares.
“Estamos hablando de una de las mayores afectaciones al patrimonio estatal judicialmente probadas en la historia de nuestro país”, argumentó el tribunal al publicar en 1.616 páginas los argumentos de la sentencia por el delito de defraudación contra la administración pública.
Los jueces señalaron que Cristina Fernández tuvo una “intervención fundamental” en las irregularidades en la concesión de 51 obras públicas a firmas del empresario Lázaro Báez durante los Gobiernos del fallecido Néstor Kirchner y la vicepresidenta en la austral provincia de Santa Cruz.
La resolución hace referencia al “tenor de sus aportes a la fastuosa defraudación emprendida, el ámbito preponderante que ocupaba para la toma de las decisiones imprescindibles para su ejecución” y al “poder inaudito del que gozaba para influir en cada rincón estatal que interfiriera en el plan”.
“La magnitud de la empresa criminal aquí investigada supuso una planificación y sofisticación magnífica, en la que actuaron diferentes niveles administrativos encolumnados bajo una misma finalidad”, señalaron los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso en el documento digital.
Los jueces hicieron una cronología de la maniobra que comienza con la asunción de Néstor Kirchner a la Presidencia y la súbita conversión de Lázaro Báez en empresario de la construcción, quien concentró casi el 80% del dinero asignado a obras en la región, en medio de “una promiscua y absoluta confusión” entre el sector público y el sector privado.
“Se evidencia la existencia de vínculos promiscuos y corruptos entre funcionarios de la administración pública (nacional y provincial) y las empresas contratistas del Estado pertenecientes al mencionado grupo empresarial (…) en beneficio ilegítimo a favor de Cristina Fernández de Kirchner y Lázaro Antonio Báez.
“La cartelización empresarial a favor de Báez -y permitida por Pavesi, Villafañe, Collareda, Daruich y Periotti- ha causado al Estado un perjuicio que este tribunal ha podido calcular, en valores netos, en la suma de seiscientos cuarenta y seis millones ciento veintitrés mil ciento cuarenta y cinco pesos con setenta y cinco centavos ($ 646.123.145,75)”, precisó el Tribunal.
La Fiscalía había pedido que la vicepresidenta fuera condenada a 12 años de prisión como jefa de una asociación ilícita, además del delito de fraude, pero solo fue sentenciada por este último delito el pasado 6 de diciembre.
Redacción Caracas
