CARACAS.- La Ong Foro Penal en su último reporte presentado este mes dijo que todavía hay 269 presos políticos en las cárceles de Venezuela. De ellos 256 son hombres y 13 las mujeres, 119 son civiles mientras que 150 pertenecen al gremio militar. Del total, 154 personas siguen en espera de juicio mientras que 115 ya fueron condenados.
Según las informaciones del Foro Penal, organización sin fines de lucro que se dedica a seguir, denunciar y ayudar a los presos políticos, desde 2014 hasta hoy hubo 15.777 detenciones por razones políticas y más de 9.000 personas siguen condenadas a medidas restrictivas de libertad.
En el transcurso del año pasado las detenciones fueron 26 y 25 de ellas a civiles entre los cuales tres son mujeres. La acusación es de conspiración para 13 de ellos, 4 por gestiones públicas y 9 fueron apresados en manifestaciones.
Estas informaciones encuentran un respaldo en el Informe del Instituto Casla de Praga, plataforma para los estudios de América Latina en Checoslovaquia, que denuncia las torturas que siguen realizando las fuerzas de seguridad del país.
Presentado en la sede de Washington de la OEA (Organización de Estados Americanos) el informe contiene los testimonios de 19 personas que sufrieron diferentes tipos de torturas.
La directora ejecutiva del Instituto Casla, la abogada venezolana, Tamara Sujú, dijo que, lejos de parar, “los crímenes continúan de forma silente ante la opinión pública internacional”. Al mismo tiempo pidió a la Corte Penal Internacional autorizar al fiscal a continuar la investigación contra Nicolás Maduro por crímenes de lesa humanidad.
Según este informe la Dirección de Contrainteligencia Militar de Venezuela (DGCIM) utiliza un Manual de operaciones especiales que les permitió construir un sistema de inteligencia y contrainteligencia vuelto a espiar a todos los ciudadanos así como a los militares y policías. El informe especifica que, gracias a este sistema de vigilancia, que se mueve con una red de espías entre la población, mantendrían a la población controlada y pueden sofocar cualquier intento de disidencia o de protestas.
“Cualquier persona puede ser considerada sospechosa para los intereses de la revolución” y “cualquier vecino, sin saberlo, puede estar trabajando para el régimen”, afirmó Tamara Sujú quien puso en evidencia la gran estridencia entre la burbuja de Caracas, una ciudad en la cual restaurantes y locales comerciales dan una sensación de bonanza y el resto del país que está en la pobreza.
Otro tema del informe es el que se refiere a las tierras amazónicas que están siendo sistemáticamente destruidas por la minería ilegal y por la injerencia de intereses rusos e iraníes que, tras obtener concesiones del gobierno, están despojando el territorio y aniquilando a los pueblos originarios.
Redacción Caracas
