MADRID – Una misión de la Comunidad Europea, encabezada por la derechista Monika Hohlmeir, para investigar la gestión de los fondos europeos. Nada que en circunstancias normales pudiera despertar dudas y, mucho menos, sospechas. Sin embargo, el país político no vive una circunstancia normal. En pocos meses, los españoles estarán llamados a participar en las elecciones autonómicas y municipales. Tampoco es frecuente que una comisión investigadora visite a un país al cual, tal sólo algunos días antes, se les ha entregado 6 mil millones de euros. Decimos, el tercer pago de los fondos europeos.
Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea; Paolo Gentiloni, comisario europeo para Asuntos Económicos y Monetarios; y otros personeros importantes de la Ue, desde comienzos del año, sólo tienen palabras de elogios hacia España. Aplauden la fortaleza de su economía y los avances en los proyectos avalados por la Comunidad Europea.
¿Una visita oportuna sin fines políticos? Los analistas dudas. Y razones pareciera tener de sobra. De hecho, en su mayoría coinciden en señalar que los resultados de la comisión no tendrán efectos sobre las decisiones futuras de la Comisión Europea. Sin embargo, podría tenerla en la de los españoles que acudirán a la cita del 28 de mayo.
La delegación que encabeza la derechista del ala radical del Partido Popular Europeo, Hohlmeir también estará integrada por otros exponentes conservadores. Entre ellos, Jorge Buxadé, secretario di acción política de Vox.
La comisión tiene previsto conversar con las ministras Nadia Calviño, de Asuntos Económicos; María Jesús Montero, de Hacienda; Reyes Maroto, de Industria, y con el ministro José Luís Escrivá, de Inclusión y Seguridad Social. También encontrará a altos cargos de las Comunidades Autónomas de Castilla-La Mancha, Madrid, Aragón, Extremadura y Andalucía, y representantes de las patronales, consultoras y sindicatos.
Hace justo apenas un año, el Partido Popular vivió uno de sus momentos más traumáticos y difíciles. Elegido en las primarias por los militantes, en un partido cuyo presidente siempre había sido escogido a dedo; Pablo Casado fue destituido por quienes, días antes, lo habían arropado tras su denuncia de corrupción contra la presidenta de la Comunidad de Madrid, Díaz Ayuso.
Como se recordará la polémica comenzó el 18 de febrero con una entrevista de Casado en la Cadena Cope. Siguieron días agitados, la protesta frente a la sede de Génova reclamando la renuncia del presidente de los populares, el abandono por parte de quienes constituían su núcleo duro en el Comité de Dirección y finalmente la soledad del adiós. Muchos, aún hoy, están convencidos que detrás de Isabel Díaz Ayuso siempre estuvo Alberto Nuñez Feijóo. El presidente de la Junta de Galicia, a la postre, fue elegido por los barones para sustituir a Casado. Así concluyó una historia en la cual el denunciante fue repudiado y la denunciada fue aclamada.
Con los sanitarios en pie de guerra, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, no quiere abrir otro frente. Con uno es más que suficiente. Tal vez por eso, la Consejería de Transporte e Infraestructuras anunció que se modificará el proyecto que, en sus inicios, establecía la tala de más de mil árboles para permitir la ampliación de la Línea 11 del Metro.
La tala de más de mil árboles ha provocado la reacción de ecologistas y entidades vecinales que convocaron una protesta a la que adhirieron mil personas, de acuerdo con fuentes de la Comunidad de Madrid, alrededor de dos mil de acuerdo con los convocantes.
Ahora las autoridades competentes de la Comunidad de Madrid estudian alternativas y hasta consideran la posibilidad de modificaciones para minimizar el daño ecológico.
A.T./Redacción Madrid
