MANAGUA– El gobierno de Daniel Ortega liberó a 222 de los 245 presos políticos en el país, quienes fueron enviados los Estados Unidos, informaron familiares, medios de prensa y el ex embajador de Nicaragua en OEA, Arturo McFields.
“Confirmado, una excelente noticia esta mañana..222 presos políticos han sido liberados y van rumbo a Washington”, confirmó McFields en un mensaje de video en su cuenta de Twitter.
El diario La Prensa citó a la esposa del preso político Félix Maradiaga, Berta Valle quien habría recibido la noticia de la liberación de confirmación del Departamento de Estado. Un funcionario de la administración Biden confirmó también la nueva a la Voz de América, según dijo el diario, mientras 100% Noticias detalló que indicó que desde la noche del miércoles comenzaron a mover a los presos políticos de sus celdas los sacaron en la madrugada del jueves. “Del (penal) el Chipote salieron 5 buses esta mañana”, reseñó el canal
Los presos recluidos en los penales de La Granja en Granada, Sistema Penitenciario de Chinandega, Waswalí, Matagalpa y el de Cuisalá en Juigalpa, también fueron sacados de sus celdas, según el canal de tv por cable.
Este martes, el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) denunció que la Justicia de Nicaragua condenó e inhabilitó de por vida para ejercer cargos públicos o de elección popular a al menos 14 personas, entre ellos seis religiosos y opositores al Gobierno del presidente Daniel Ortega.
En una juicio a puertas cerradas, la jueza Nadia Camila Tardencilla Rodríguez condenó a cuatro sacerdotes, dos seminaristas y un laico de la Diócesis de Matagalpa a 10 años de prisión, “conspiración y propagación de noticias falsas”, más la prohibición de optar a cargos públicos de por vida, lo que constituye una “muerte civil” para la Cenidh.
“Tenemos una lista de más de 14 personas presas políticas a quienes se les ha hecho la misma aplicación, con el agravante de que los jueces, a solicitud de los fiscales, sin ningún trámite, sin tener ninguna facultad de cambiar una letra de una sentencia que está firme, alteran su contenido”, sostuvo ese organismo en una declaración púbica.
El grupo, que inhabilitado como ONG a petición del Gobierno de Ortega, tildó la pena de la inhabilitación absoluta de por vida como “la aberración más grande, el último atropello a la inteligencia de las y los nicaragüenses y de la comunidad internacional”
El Centro explicó que las penas accesorias, como la inhabilitación a cargos públicos, “no pueden durar más tiempo que el establecido en la pena principal”, que en este caso fue de 10 años.
“Denunciamos ante el mundo esta barbarie jurídica, esta persecución indiscriminada que es la destrucción total no solo de la institucionalidad sino de cualquier vestigio de seguridad jurídica que quede en el país…Es el aniquilamiento de las personas presas políticas para quienes exigimos su libertad inmediata”, resaltó.
Nicaragua atraviesa una crisis sociopolítica desde abril de 2018, cuando estalló una gran revuelta popular contra el gobierno de Daniel Ortega, lo que llevó a la detención de decenas de manifestantes y críticos del régimen sandinista, incluyendo al obispo Rolando Álvarez.
Redacción Caracas
