CARACAS – La Misión Internacional Independiente de la ONU para Venezuela, manifestó su preocupación por el nuevo proyecto de ley aprobado por la Asamblea Nacional oficialista que pretende regular las ONG que operan en el país. El texto legal que desea implementar el gobierno, podría generar el cierre del espacio cívico y democrático, pues los requisitos formales que pretenden aplicarle son tan onerosos, que supondría sanciones que lo llevaría a su disolución.
Según Francisco Cox, experto de la misión de la ONU en Venezuela, las fiscalizaciones, regulaciones sobre el financiamiento que reciben las ONG y otras instituciones sin fines de lucros para poder funcionar, estaría sujetas a sanciones muy fuertes por parte del gobierno venezolano, lo que limita su funcionamiento
“Sin acceso a los fondos de cooperación internacional, muchas de estas organizaciones van a desaparecer”, advirtió el representante de la misión.
Asimismo, señaló que uno de los puntos que más preocupa es la atribución que la ley le otorga al Ejecutivo y la nueva facultad de aplicar mecanismos de control para supervisar y sancionar aspectos de las ONG que según el criterio del gobierno, “amenacen la seguridad nacional”, lo que implica además vigilancia permanente a las organizaciones y posible control por parte de la policía o cuerpos de inteligencia del Estado.
El texto legal también les prohíbe las ONG algunas actividades porque podría sancionarlas por ellas, tales como políticas las que “puedan atentar” contra la estabilidad nacional e instituciones gobierno.
Finalmente, amplía las restricciones al espacio cívico a los defensores del DDHH, sindicalistas y periodistas, quienes pueden ser sujetos de amenazas, ataques y detenciones arbitrarias.
Redacción Caracas
