LIMA – Los obispos de Cuzco y Puno hicieron un llamado urgente al Congreso de Perú a “dar una solución inmediata al pedido” de las protestas contra la presidenta Dina Boluarte, que han dejado más de medio centenar de muertos desde diciembre. En su pronunciamiento, los Obispos del altiplano y de la Diócesis de Sicuani-Cuzco exhortaron a las autoridades y en especial al Parlamento “a tener presente los pedidos de los pueblos… que claman por ser escuchados”.
«Hacemos un llamado a todos los miembros del Congreso de la República para que pueda dar una solución inmediata al pedido que realizan nuestros hermanos y hermanas, y así impedir mayores acontecimientos que puedan generar pérdidas humanas, evitar personas heridas y agresiones a las entidades públicas y privadas», expresaron.
Asimismo, los clérigos rechazaron la “violencia” en los enfrentamientos y manifestaron su «plena confianza» con que el país pueda «retomar la paz y tranquilidad» mediante el diálogo, así como su solidaridad con «el dolor que atraviesan las familias que perdieron a sus hijos, hermanos, padres y madres en estos enfrentamientos».
El llamado de los obispos se produjo en la víspera de una gran marcha nacional de protesta contra el gobierno convocada para este martes por organizaciones sociales, campesinas, sindicales y grupos de izquierda y que tendrá su punto de concentración en Lima en la céntrica plaza Dos de Mayo, donde se encuentra la sede de la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP), el principal gremio sindical peruano.
A la vez, la Cancillería de Perú afirmó que está evaluando tomar acciones ante lo que define como «actos de injerencia», por parte del presidente de Bolivia, Luis Arce, quien este domingo defendió las protestas de los seguidores del expresidente izquierdista Pedro Castillo e identificó a la “derecha” como el enemigo en la región.
«Hoy, el Ministerio de Relaciones Exteriores entregó una nota al embajador de Bolivia mediante la cual transmite una enérgica protesta por las declaraciones del Presidente Luis Arce sobre temas de política interna. La Cancillería evalúa acciones ante nuevos actos de injerencia», comunicó la cartera en su cuenta de Twitter.
Anteriormente el gobierno de Perú había prohibido la entrada al país del expresidente boliviano Evo Morales y un grupo de sus operadores políticos, a quien acusa de promover, las protestas especialmente de parte de los indígenas.
Castillo, un profesor de primaria marxista, dio en diciembre un autogolpe de Estado al ordenar el cierre del Congreso y tratar de imponer un gobierno de emergencia, por lo que fue destituido por el parlamento, de mayoría izquierdista, y reemplazado por su aliada y vicepresidenta Dina Boluarte.
Tras su destitución y detención, los grupos de izquierda, indígenas, campesinos y sindicalistas salieron a manifestar en las calles y bloquear carreteras en reclamo del cierre del Congreso, la renuncia de Boluarte, la libertad de Castillo y la convocatoria de elecciones con Asamblea Constituyente.
Hasta la fecha, las protestas en Perú suman 55 muertes, (45 en enfrentamientos) 722 civiles y 442 agentes heridos, según datos de la Defensoría del Pueblo, además de cuantiosas pérdidas al comercio, transporte y turismo.
Redacción Caracas
