LIMA – Desde este domingo rige un estado de emergencia por 30 días en las regiones de Lima, Cuzco, Puno, así como en el puerto del Callao, cercano a la capital, en un tentativo del gobierno para contener las protestas antigubernamentales que estallaron en diciembre. La medida también incluye restricciones en las provincias de Andahuaylas, Tampopara y Tahuamanu, Mariscal Nieto y el en distrito de Torata así como en cinco carreteras nacionales.
Además, se decretó la “inmovilización social obligatoria” en la región de Puno durante 10 días, lo que implica que los habitantes de esa zona deberán estar confinados en sus domicilios entre las 8 de la tarde y las 4 de la madrugada.
El estado de emergencia autoriza al Ejército a intervenir para mantener el orden y suspende varios derechos constitucionales, como los derechos a la inviolabilidad de domicilio, libertad de tránsito por el territorio nacional, libertad de reunión y libertad y seguridad personales”, según especifica el decreto.
Con estas medidas, el gobierno de la presidenta Dina Boluarte busca frenar las protestas de los partidarios del destituido presidente Pedro Castillo, que han marchado y levantado barricadas en buena parte del país exigiendo su renuncia, el cierre del Congreso, la convocatoria de una asamblea constituyente y la libertad del exmandatario, tras su destitución ante su intento de disolver el Congreso para gobernar por decreto.
La presidenta Boluarte dijo lamentar el número de muertos y pidió disculpas por los hechos, pero descartó renunciar al cargo porque “mi compromiso es con Perú”.
“Algunas voces provenientes de los grupos violentos y radicales exigen mi dimisión llevando a la gente al caos, al desorden y a la destrucción. Les digo responsablemente que no renunciaré. Mi compromiso es con el Perú y no con este grupúsculo que hace daño a nuestra patria”, declaró.
La mandataria está siendo investigada por la fiscalía por el delito de “genocidio” por las casi 50 muertes que se hayan producido en los enfrentamientos entre manifestantes y las fuerzas policiales.
Boluarte, quien sucedió a Castillo tras su destitución y detención, conforme a la Constitución impulsó un adelanto de las elecciones para el 2024 , lo que no ha sido suficiente para detener las protestas.
De acuerdo a un sondeo del Instituto de Estudios Peruanos (IEP) publicado este domingo, el 58% de los peruanos cree que hubo “excesos por parte de las fuerzas del orden” en las protestas y alrededor del 70 % desaprueba el desempeño de la presidenta, Dina Boluarte, y del titular del Congreso, José Williams. Además, el 60% de los encuestados cree que “se justifican” las protestas frente a un 35% que opina lo contrario.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) tras una misión de investigación de tres días en Perú la semana pasada, concluyó que había indicios de “uso excesivo de la fuerza” y pidió una investigación imparcial sobre la represión de las manifestaciones.
Redacción Caracas
