SAN SALVADOR – La Asamblea Legislativa de El Salvador, de mayoría oficialista, aprobó la décima prórroga de un estado de excepción para seguir combatiendo a las pandillas que afirman están involucradas en el narcotráfico y el crimen organizado. La medida presentada por el gobierno extiende por 30 días más el régimen vigente desde finales de marzo de 2022, que implica la suspensión garantías constitucionales.
“Es una medida que no solo ha llevado tranquilidad a las comunidades, sino que nos convierte en un referente en seguridad. Esta Asamblea, seguirá apoyando las decisiones que ha tomado el presidente Nayib Bukele para el bienestar de los salvadoreños”, dijo el presidente del Congreso, Ernesto Castro.
La prórroga se aprobó con los votos a favor de 67 de los 84 diputados del Congreso unicameral, seis votaron en contra, 10 se abstuvieron y uno no asistió.
Al presentar la petición al parlamento, el Ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, aseguró que con la aplicación del plan de control territorial y el régimen de excepción para combatir las pandillas “la población está viviendo más tranquila y se puede movilizar sin miedo”.
De acuerdo con el Gobierno, bajo el régimen de excepción se han detenido a más de 61.300 supuestos pandilleros, incluyendo 900 jefes de clicas o grupos de la Mara Salvatrucha (MS-13) y de Barrio 18, pero se han liberado a más de 3.300 personas por orden de la Fiscalía y los tribunales.
El régimen de excepción, que puede renovarse por 30 días hasta que cesen los motivos de su creación, limita la libertad de asociación, suspende el derecho de una persona a ser informada de sus derechos y motivos de arresto, así como la asistencia de un abogado. Además, amplia de 72 horas a 15 días el plazo de detención preventiva y permite a las autoridades intervenir la correspondencia y los celulares de quienes consideren sospechosos.
Organizaciones defensoras de los derechos humanos han criticado el polémico plan del gobierno para combatir la delincuencia y han recogido más de 7.400 denuncias de atropellos por parte de las autoridades y cuerpos de seguridad.
Villatoro dijo que el 2022 cerró con un registro de 495 homicidios, un 57 % menos que 2021, sin incluir la cifra de homicidios de supuestos pandilleros fallecidos en presuntos enfrentamientos con las autoridades, que no son contabilizados entre las muertes oficiales.
Las llamadas maras o pandillas en los barrios populosos del país, están involucradas en el narcotráfico y la delincuencia organizada. Extorsionan a comerciantes y empresas de transporte y asesinan a quienes se niegan a pagar, según las autoridades.
Redacción Caracas
