LIMA – .- Un juez de Perú dictó este jueves 18 meses de prisión preventiva para el expresidente Pedro Castillo, mientras es investigado por los delitos de rebelión y conspiración por el fallido autogolpe de Estado del pasado 7 de diciembre.
El juez supremo Juan Carlos Checkley estableció en su resolución que existen elementos para fundamentar la acusación de los delitos de rebelión y conspiración contra Castillo y algunos de sus colaboradores.
“Dictar prisión preventiva por el plazo de 18 meses contra el imputado Pedro Castillo (…) quien se encuentra con mandato de detención preliminar que se computa desde el 7 de diciembre de 2022 hasta el 6 de junio de 2024», expuso Checkley
El magistrado aceptó la petición realizada por la Fiscalía que había considerado que «existe periodo procesal de fuga» tomando en cuenta que, minutos antes de su destitución, Castillo intentó ingresar a la Embajada de México en Lima para pedir asilo.
De esta manera, el expresidente permanecerá recluido en las instalaciones del penal de Barbadillo en el distrito de Ate, al este de Lima.
El juez Checkley informó que la defensa del exgobernante será asumida por el abogado de oficio Italo Díaz, ya que ni ninguno de sus defensores acreditados se presentó a la audiencia, a la que tampoco acudió Castillo, quien se negó a recibir la notificación.
El magistrado también estableció la comparecencia periódica del ex primer ministro Aníbal Torres, a quien le impuso una fianza y le restringió sus movimientos.
Mientras, siguen las protestas en varias partes del país por parte de seguidores del exmandatario, con un saldo de 17 manifestantes muertos hasta la fecha, tras la entrada en vigor del estado de emergencia a nivel nacional.
Este jueves la Dirección Regional de Salud de Ayacucho reportó la muerte de 7 personas y 52 heridos a raíz de las movilizaciones y el enfrentamiento con las fuerzas del orden, mientras otros dos fallecieron en Libertad.
Este día entró plenamente en vigencia el estado de emergencia decretado por el gobierno a nivel nacional por 30 días para controlar los actos de vandalismo y violencia cometidos en las manifestaciones.
Los revoltosos, que mantienen bloqueadas numerosas carreteras, exigen la convocatoria de una asamblea constituyente, el adelanto de elecciones, el cierre del Congreso, la dimisión de la presidenta Dina Boluarte y la liberación de Castillo.
Por otra parte, el gobierno entregó cartas de protesta a Argentina, Bolivia, Colombia y México, países que no reconocen la Presidencia de Dina Boluarte, según medios locales.
A la vez, la cancillería peruana llamó a Lima a consulta a los embajadores del Perú en esas naciones, a modo de protesta por su injerencia en asuntos internos, informó la ministra de Relaciones Exteriores, Ana Cecilia Gerbasi.
En su declaración, Gervasi afirmó que el 7 de diciembre “se produjo en el Perú un intento de quebrantamiento del orden constitucional” por parte de Castillo, lo que motivó “la vacancia inmediata” del mandatario dentro del marco de la Carta Magna, y el ascenso de Dina Boluarte a la Presidencia de la República.
“La presidenta representa al Estado dentro y fuera de la Nación, y dirige la política exterior. Por ello, con la señora presidenta [Boluarte] hemos dispuesto el llamado en consulta a Lima de nuestros embajadores en Argentina, Bolivia, Colombia y México en reacción a la intromisión de los asuntos internos del Perú por parte de las más altas autoridades de los aludidos países”, manifestó.
Castillo ordenó el cierre del Congreso y anunció la instauración de un “gobierno de excepción” en el que gobernaría por decreto, pero su decisión recibió el rechazo general de todas las instituciones y partidos, incluyendo el suyo. La vicepresidenta Boluarte asumió el cargo, como prevé la Constitución, y ha propuesto adelantar las elecciones para fines de 2023.
Redacción Caracas
