LIMA – El Congreso de Perú destituyó este miércoles al presidente Pedro Castillo con una moción de vacancia aprobada por los diputados, poco después de que el mandatario disolviera el parlamento y estableciera un “gobierno der excepción”.
La vicepresidenta Dina Boularte asumió la presidencia.
Castillo fue detenido por la Policía Nacional y fue trasladado en la prefectura de Lima. El procurador del Estado, Daniel Soria, presentó una denuncia penal ante la fiscalía en contra del gobernante por la presunta comisión de los delitos de sedición, abuso de autoridad y grave perturbación de la tranquilidad pública.
Los hechos se precipitaron luego que Castillo hiciera el inesperado anuncio en cadena nacional que fue calificado de “golpe de Estado” por representantes de todo el espectro político, incluyendo el partido Perú Libre que lo llevó al poder. Varios ministros también renunciaron al cargo de inmediato.
La “vacancia” de Castillo por “incapacidad moral” fue aprobada por 101 votos de un total de 130 congresistas, en su tercer intento por sacarlo del poder desde que asumió la presidencia hace 16 meses.
De acuerdo a las leyes peruanas, la disolución del Congreso es una causal de destitución del presidente, que no puede ser enjuiciado durante su mandato.
Antes, en un mensaje a la nación, el mandatario disolvió al Congreso y convocó a nuevas elecciones parlamentarias para escoger un nuevo poder legislativo “para elaborar una nueva Constitución en un plazo no mayor de nueve meses”. Mientras, precisó gobernaría mediante decretos de ley.
Castillo también declaró en reorganización el sistema de justicia, es decir, el poder Judicial, el Ministerio Público, la Junta Nacional de Justicia y el Tribunal Constitucional.
El mandatario dijo que su decisión respondía a la “obstrucción” que habría enfrentado su gobierno por parte del Poder Legislativo: “En atención al reclamo ciudadano a lo largo y ancho del país, tomamos la decisión de establecer un gobierno de excepción orientado a establecer el estado de derecho y la democracia”, justificó antes de anunciar las medidas tomadas.
La decisión recibió el rechazo de distintas fuerzas políticas, incluyendo del partido Perú Libre que lo llevó al poder y cuyo presidente Vladimir Cerrón calificó la medida de “golpe de Estado”.
“Perú Libre no apoyará el golpe de Estado en marcha, estamos contra el hiperparlamentarismo, la prensa no es confiable en el país, ningún testimonio está corroborado, pero tampoco ponemos la mano al fuego por el presidente Castillo. No apoyaremos la vacancia”, señaló el dirigente oficialista en Twitter.
Tres días antes, Castillo había negado sus intenciones de disolver el parlamento: “Rechazo rotundamente que mi gobierno esté tramando un cierre del Congreso para evitar una vacancia”, afirmó el sábado en la noche.
El mandatario asumió la presidencia en julio de 2021 y ha enfrentado múltiples acusaciones de corrupción y dos intentos de destitución. Actualmente es investigado de forma preliminar por la fiscalía.
El golpe de mano presidencial ocurre días después de la visita de una comitiva de alto nivel de la OEA, a petición de Castillo, para evaluar sobre el terreno si en Perú estaba en peligro la democracia.
Redacción Caracas
