LIMA – Una subcomisión del Congreso peruano aprobó el miércoles dar trámite a una denuncia constitucional contra el Presidente Pedro Castillo por varios presuntos delitos, entre ellos tráfico de influencias y estar al frente de una organización criminal.
“Siendo esta la etapa postulatoria y estando que la denuncia constitucional presentada por el Ministerio Público cumple todos los requisitos de admisibilidad (…) corresponde a esta subcomisión admitir y dar trámite a la presente denuncia constitucional a fin de iniciar las investigaciones dentro del marco del debido procedimiento en sede parlamentaria”, acordó el grupo parlamentario.
La decisión adoptada con 13 votos a favor y ocho por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso, constituye el primer paso para abrir una investigación contra el mandatario ya que ahora pasará a ser debatida en la comisión permanente del congreso.
En esta instancia, el acusado puede ser convocado a ejercer su defensa, antes de que el grupo de trabajo emita su informe final, si este procede pasará a la Comisión Permanente, como antesala de la votación en el pleno, donde para prosperar requerirá los votos de la mitad más uno de los legisladores del hemiciclo.
Castillo ha sido acusado en octubre por la Fiscalía de la Nación, de encabezar una organización criminal al interior del Estado, tráfico de influencias y colusión agravada, en la entrega de obras públicas en los casos de MTC-Puente Tarata y Petroperú.
Según el informe de la fiscal Patricia Benavides, en ambos casos el “modus operandi” sería similar y habría existido “conexión fáctica” entre funcionarios designados por Castillo, al considerar que “se trata del accionar de una misma organización criminal en diversos estamentos del Estado”.
El mandatario que enfrenta varios escándalos y ha sobrevivido a dos intentos de juicio político en Legislativo desde que asumió al poder en julio del año pasado, ha rechazado los presuntos hechos de corrupción y ha acusado a la Fiscalía y al Congreso de promover con la denuncia un “golpe de Estado”.
Los abogados de Castillo aseguran que la denuncia vulnera un artículo de la Constitución que señala que un Presidente no puede ser acusado durante sus funciones por delitos comunes, salvo por traición a la patria o por impedir las elecciones.
La semana pasada, el mismo grupo legislativo aprobó un informe que pide la inhabilitación de Castillo durante cinco años y se le acuse por la presunta comisión del delito de traición a la patria, por haber declarado que su país podría facilitar una salida al mar para Bolivia.
La decisión del Congreso llega a pocos días de la llegada de una misión de la Organización de los Estados Americanos (OEA) el 20 de noviembre, solicitada por el propio Castillo para realizar un análisis “objetivo” de la crisis.
Redacción Caracas
