LA PAZ – La oposición de Bolivia decidió profundizar el paro contra el censo nacional, luego que el gobierno confirmara su aplazamiento hasta 2024, y además revisará la relación que mantiene la rica región de Santa Cruz con el Estado. Así lo decidió un cabildo multitudinario que celebraron este domingo los cruceños en esa zona que constituye el motor económico de Bolivia, luego de tres semanas de huelga indefinida por la realización de un censo de población previsto inicialmente para 2023.
Los puntos aprobados en la reunión popular fueron que “Se revise el contrato político social mediante Comisión Constitucional para la relación Santa Cruz con Bolivia. Sigue el paro indefinido y se da 72 horas al gobierno para que suelten presos políticos. Decreto de censo debe convertirse en ley”, reportó la radio digital El Bunker”.
La decisión fue adoptada por aclamación ante cinco preguntas específicas sometidas a los asistentes al cabildo, incluyendo una dirigida al Federalismo: “¿Están todos de acuerdo en delegar al comité pro Santa Cruz, la convocatoria a una comisión constitucional que, en el marco legal y democrático, revise la futura relación política de Santa Cruz con el Estado boliviano?”
A través de un video-discurso emitido desde su arresto domiciliario, el presidente del comité cívico Rómulo Calvo consideró que el anuncio del presidente Luis Arce Fijando el censo para el 23 de marzo de 2024 “no garantiza nada. Todo lo contrario, fortalece la medida extrema que acata el departamento desde el 22 de octubre pasado”.
El dirigente sostuvo que ya se han obtenido importantes logros y “hoy nos toca continuar la lucha; son 23 días de sacrificio que ya dieron resultados, pero su concreción ahora depende de las acciones que vamos a asumir”.
Calvo dijo que parten con la premisa que si el Estado boliviano agrede continuamente a Santa Cruz y no le reconoce ni acepta como parte de la bolivianidad, “tenemos todo el derecho de replantear nuestra relación con él y a reconsiderar opciones alternativas viables constitucionalmente para decidir nuestro destino amparado en el derecho internacional a la autodeterminación de los pueblos”.
Además advirtió que la libertad de una veintena de detenidos es un requisito indispensable para la conclusión de este proceso.
El presidente Luis Arce anunció el sábado que firmó el decreto fijando la fecha del Censo para el 23 de marzo de 2024 y la redistribución de recursos para septiembre de ese mismo año.
“Aprobamos el DS4824 que garantiza que el Censo se realizará el 23/03/24 y la distribución de recursos se hará en septiembre del mismo año, cumpliendo el pedido de más de 300 autoridades electas del país y las recomendaciones de la Comisión Técnica que trabajó en Trinidad”, informó el mandatario en sus redes sociales.
El decreto, que ya se encuentra disponible en la Gaceta Oficial, no incluye la redistribución de escaños.
Más tarde, el ministro de Planificación del Desarrollo, Sergio Cusicanqui, señaló en conferencia de prensa que los resultados del censo sobre población se entregarán al Tribunal Supremo Electoral (TSE) hasta diciembre de 2024 y que una vez que se lo haga “ya estará en cancha del TSE”.
Al respecto, el cabildo exigió que ese decreto se formalice en una ley que debe incluir que la distribución de recursos se realizará con los datos finales y no con los datos parciales y que la nueva cartografía electoral se realizará antes de 2025.
Redacción Caracas
