CIUDAD DE MËXICO. – El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, defendió este martes la investigación de su gobierno sobre la desaparición de 43 estudiantes mexicanos en 2014 ante los cuestionamientos de un grupo de expertos independientes, al tiempo que prometió que se avanzará y hará justicia en el caso.
“Se tienen todos los elementos para sostener la investigación y se van a seguir haciendo averiguaciones y se va a ir consolidando, fortaleciendo esta investigación, y se va a hacer justicia”, dijo el mandatario durante su habitual rueda de prensa diaria.
El mandatario aseguró que los elementos que presentó la Comisión de la Verdad de su Gobierno en agosto pasado son “sólidos”, aunque el GIEI de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) señaló inconsistencias en al menos 181 de un total de 400 capturas de pantalla usadas como evidencia, tras un peritaje.
Las inconsistencias denunciadas se centran en mensajes de la plataforma WhatsApp que la comisión gubernamental presentó en agosto como prueba del supuesto nexo entre criminales y autoridades en la desaparición de los alumnos de una escuela de formación de docentes de Ayotzinapa (estado de Guerrero, sur), entre el 26 y 27 de septiembre de 2014.
Según dijo López Obrador, el GIEI se dividió ya que hay «intereses de por medio» en el grupo investigador. «Había una especie de pacto de silencio y mucho encubrimiento porque no solo se cometió esta atrocidad, sino tomaron la decisión de inventar los hechos, la llamada verdad histórica, imagínense lo que ha costado el descubrir lo que sucedió realmente», argumentó.
Ante los cuestionamientos, López Obrador reiteró “toda la confianza” al trabajo del subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, quien encabeza la comisión gubernamental sobre Ayotzinapa. “Le tenemos toda la confianza a Alejandro Encinas. Es un hombre íntegro, recto, incapaz de falsear información”, dijo el presidente, aunque no hizo referencia directa a los mensajes de Whatsapp.
La semana pasada, Encinas reconoció en declaraciones al The New York Times «que mucho de lo que se presentó como evidencia nueva y crucial no pudo verificarse como real».
Los estudiantes desaparecieron entre la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014, cuando intentaban apoderarse de autobuses en Iguala (Guerrero, sur) para viajar a Ciudad de México y participar en unas manifestaciones.
Según la polémica versión del Gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018), llamada “verdad histórica”, policías corruptos detuvieron a los estudiantes y los entregaron al cártel Guerreros Unidos, que los asesinó e incineró en el basurero de Cocula y tiró los restos en el río San Juan. Versión ésta rechazada por López Obrador.
En su informe de agosto, la Comisión de la Verdad concluyó que la desaparición de los estudiantes fue “un crimen de Estado” en el que “concurrieron integrantes delictivos del grupo Guerreros Unidos y agentes de diversas instituciones del Estado mexicano”.
Hasta ahora solo han sido identificados los restos de tres víctimas.
Redacción Caracas
