MADRID – De vuelta al punto de partida. La renovación del Consejo General del Poder Judicial seguirá siendo una materia pendiente. El presidente de Gobierno, desde Sudáfrica antes de emprender el regreso a España, había confirmado que el acuerdo sobre su renovación había sido alcanzado y que se cerraría, en una reunión entre él y el líder de los populares, Alberto Nuñez Feijóo. Parecía que su firma era inminente, a más tardar cuestión de días. Sin embargo, a las pocas horas del anuncio del jefe de Gobierno, llegaba la negativa de los populares quienes condicionaban la renovación de uno de los órganos constitucionales más importantes del País al compromiso del Gobierno de no rebajar la pena por el delito de sedición.
A través de un comunicado, que se dio a conocer luego de una conversación telefónica entre los líderes de los dos mayores partidos del País, Génova informaba la decisión de no cumplir con lo que parecía había sido pactado: la renovación del Consejo General del Poder Judicial.
Feijóo habría expresado a Sánchez su extrañeza por lo que considera “un cambio de posición del Psoe” respecto de la reforma del Código Penal. Los populares consideran que incorporar la rebaja de la pena por sedición a la “agenda apolítica” responde a las exigencias del independentismo. Por su parte, el Psoe acusa al líder del Partido Popular de haber cedido a las presiones de la corriente más recalcitrantes, conservadora y reaccionaria de su partido.
De acuerdo con la versión de Ferraz, el presidente Sánchez habría llamado a Feijó para “formalizar el acuerdo que ya estaba negociado y listo para ser firmado”. Los socialistas sostienen que los populares, como ya habían hecho en otras ocasiones, rompieron las negociaciones esgrimiendo una nueva excusa: la rebaja del delito de sedición. O, mejor dicho, solicitaron a Sánchez aclarar si estaba dispuesto a abordar la reforma del Código Penal junto a Feijóo. Desde un primer momento, el presidente Sánchez, y el Psoe, habían tratado de desligar, evidentemente sin lograrlo, la renovación del órgano de los Jueces de otras cuestiones pendientes.
Un cuento de nunca acabar
Crónica de una renuncia anunciada. Como se recordará, las dimisiones de Carlos Lemes, ahora ex presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, precipitaron la crisis institucional y provocaron la reunión urgente entre el Jefe de Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder del principal partido de oposición, Alberto Núñez Feijóo. Después de tres horas reunidos en La Moncloa, el anuncio oficial: las conversaciones se reanudarían para alcanzar un acuerdo satisfactorio para las dos partes.
Todo indicaba que las negociaciones estaban bien encaminadas. Y que, luego del anuncio del presidente Sánchez, se cerraría una etapa del CGPJ para abrir otra nueva. En efecto, los “fontaneros” del Psoe y del PP habían alcanzado su objetivo, en particular luego de que Sánchez confirmara que el candidato de Podemos, Victoria Rosell, quedaría fuera del órgano de gobierno de los jueces. Los expertos, de manera discreta, se habían encargado de buscar soluciones y limar asperezas. Sin que se filtraran indiscreciones que pudieran alimentar malentendidos, los equipos negociadores habían avanzado y acercado posiciones que parecían irreconciliables. De hecho, en los pasillos de Ferraz y Génova, desde hace días, era frecuente escuchar declaraciones que apuntaban a un acuerdo inminente.
En Sudáfrica, Sánchez había asegurado que el acuerdo “nunca ha estado tan cerca como en este momento”. Y ahora, luego de la negativa del Partido Popular, nunca ha estado más lejos. Iba a ser el primer gran pacto de Estado. Una oportunidad fallida que abre una fractura a toda luce insalvable.
Redacción Madrid
