LA PAZ – El departamento de Santa Cruz, la mayor región y motor económico de Bolivia entró este jueves a su sexto día de huelga, en medio de enfrentamientos entre manifestantes que rechazan o apoyan el aplazamiento de un censo hasta 2024. La encuesta poblacional prevista para celebrarse en noviembre próximo y postergada por el gobierno del presidente Luis Arce, determinará una redistribución tanto de recursos públicos como de escaños en el Legislativo de cara a las elecciones generales de 2025.
Los líderes cívicos cruceños exigen además que la encuesta se efectúe en 2023 para poder aplicar sus datos en el padrón electoral en 2025. Mientras, el Ejecutivo nacional sostiene que el censo en 2024 favorece la calidad de los datos y a una “despolitización” del proceso censal.
El conflicto, que ha causado heridos y problemas de abastecimiento, no muestra indicios de una pronta solución, tras el rechazo del gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, de asistir a Cochabamba a una reunión convocada por el presidente Arce tratar el tema.
“Yo no soy del criterio que debamos ir a Cochabamba bajo ningún motivo, porque sería faltar el respeto a nuestro pueblo. Siempre dije que estamos abiertos a cualquier diálogo, pero no iremos a avalar a una reunión de masistas que lo único que quieren es sacar una fecha (censo) para el 2024″, dijo hoy la autoridad departamental.
Señaló que ni el presidente del Comité Cívico, ni el vicepresidente, además de otros cívicos del país fueron invitados por el Gobierno para participar de la cita, donde también están convocados los nueve gobernadores del país, alcaldes, rectores de universidades públicas, autoridades indígenas, representantes de la región autónoma del Gran Chaco y movimientos sociales.
” Si ellos quieren solucionar, por respeto a nuestro pueblo, que vengan a Santa Cruz que está parando. Ni por decencia respondieron a la carta que le enviamos para que la reunión sea acá con la Iglesia como mediadora”, manifestó.
Este miércoles, los bandos en disputa se arrojaron piedras y detonaron petardos en medio de intentos por destrancar las calles, mientras grupos oficialistas cercaron la refinería Guillermo Elder Bell, instalaron bloqueos con llantas y otros escombros en sus alrededores, para cortar el suministro de gas industrial y otros combustibles a las principales empresas productivas del departamento.
Acción ésta criticada por los empresarios. “Resulta irónico que, por un lado, el Gobierno cuestiona duramente el paro cívico, y por otro incentiva a sus organizaciones sociales a cercar Santa Cruz”, señaló el presidente de la Cámara de Industria, Servicios y Comercio de Santa Cruz , Fernando Hurtado.
El dirigente empresarial acusó al oficialismo busca agudizar el conflicto y usar el problema del censo como “una cortina de humo para tapar la decadencia del modelo económico y la pérdida de reservas y divisas”.
Para este jueves entró en vigencia una suspensión de la exportación de alimentos como la carne, soya, aceite y azúcar decretada por el gobierno “para garantizar el abastecimiento del mercado interno y hasta que se levante el paro”,
El ministro de Desarrollo Productivo y Economía Plural, Néstor Huanca, informó a los medios sobre esta disposición que se trata de “una medida preventiva” ante la huelga en Santa Cruz impulsada por “grupos oligarcas que pretenden una vez más quebrar el orden constitucional y desestabilizar al Gobierno democráticamente elegido”.
Redacción Madrid
