CARACAS – Rafael Uzcátegui, coordinador de la organización Provea indicó que, la instalación de una oficina de la Corte Penal Internacional (CPI) en Venezuela, es “un logro” del “liderazgo social y político” que acudió a instancias internacionales.
A la vez, señaló que también es “un logro” para las víctimas y sus familiares, que “han brindado su testimonio a pesar de las amenazas”.
Igualmente, Uzcátegui indicó que la llegada de esta sede de la CPI al país, evidencia “la incapacidad” del Estado venezolano, para “generar por sí mismo, mecanismos de investigación”.
“La realización de una investigación por parte de la CPI y, además, que tenga que asesorar al Gobierno venezolano en la materia. Lo que hace es ratificar, una vez más, que dentro de Venezuela el Estado no tiene ni la voluntad ni la capacidad; para generar por sí mismo mecanismos de investigación, justicia y de no repetición de los hechos”, expresó el representante de Provea.
Mientras que, Daymar Martes, investigadora de la ONG Sures, vio positivo la apertura de la oficina de la CPI en Venezuela.
“Es un espacio técnico en el que fundamentalmente los miembros elegidos asistirán a los funcionarios venezolanos. Los instruirán y cooperarán, con el gobierno para fortalecer el sistema judicial nacional, para garantizar el estado de Derecho”, puntualizó.
Oficina de la CPI es algo “atípico”
Por su parte, Jesús “Chuo” Torrealba, opositor y exsecretario de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), calificó de “atípica”, la apertura de la oficina de la CPI al país. Torrealba indicó que esta decisión indica “la necesidad de precisar si la administración de justicia en Venezuela está en capacidad o en disposición de hacer investigaciones autónomas, parciales y profesionales sobre el asunto”.
Indicó que la oficina de la Corte “no debe levantar falsas expectativas” en Venezuela, ante un posible cambio de gobierno. Ya que, para suceder eso tiene que ser mediante “luchas democráticas, pacíficas, electorales y constitucionales”.
Redacción Caracas.
