CARACAS – Según una denuncia de los grupos de derechos humanos CIVICUS, la Red Latinoamericana y del Caribe para la Democracia (REDLAD) y Espacio Público formulada antes de la cuadragésima sesión del Examen Periódico Universal (EPU) que se lleva a cabo este 25 de enero, Venezuela no puso en práctica las decenas de recomendaciones formuladas.
Al parecer sólo fueron consideradas 7 de 40 sugerencias relacionadas con las libertades cívicas que en 2016 dio la Organización de las Naciones Unidas (ONU) al país en materia de derechos humanos.
De esas 40, el gobierno únicamente se comprometió a cumplir con 23, entre ellas garantizar la libertad de expresión, el acceso a la información, protección de periodistas, regular el uso de la fuerza por parte de los cuerpos policiales del régimen, así como investigar los casos de tortura.
Sin embargo ante la falta de cumplimiento, las organizaciones prepararon un informe sobre “las restricciones injustificadas al espacio cívico, en particular las relacionadas con el derecho a la libertad de reunión pacífica y de expresión”, cuyo texto presentaron ante el Consejo de DDHH de la ONU.
Allí manifiestan la preocupación por el cierre de espacios, ONG y medios que tratan temas humanitarios; por el incremento de las persecuciones judiciales contra defensores de los derechos, periodistas, el ejercicio de la libertad de expresión y por quienes pretendan protestas pacíficas.
Entre tanto, el gobierno de Maduro aplica leyes que restringe cualquier crítica a su mandato y ahoga financieramente, confisca, censura o elimina licencias de emisión, a cualquier intento independiente por sobrevivir e informar
Redacción Caracas
