CARACAS – Los trapos sucios de Pdvsa salieron a la luz pública luego de conocerse que la empresa contrató, en 2016, al bufete del exjuez Baltasar Garzón, Ilocad, (International Legal Office for Cooperation and Development) por honorarios de más de 8,8 millones de euros. La enigmática caja negra de la petrolera venezolana finalmente comienza develarse en una nota publicada el portal The Objective.
El presunto pago contemplaba honorarios para que los abogados interpusieran acciones legales en España contra proveedores de su filial Bariven por supuestos delitos de fraude y cohecho. Ilocad, de acuerdo al portal debía coordinar con la Fiscalía y Tribunales en España acciones judiciales, una diligencia que involucraba directamente a la pareja de Garzón, Dolores Delgado, actual fiscal general del Estado. Aun hoy el bufete madrileño sigue representando a Pdvsa en la misma causa.
La firma por parte de la empresa venezolana es la de Eulogio del Pino, el mismo sobre el que El Tribunal Décimo de Control del Área Metropolitana de Caracas inició un proceso de juicio por corrupción, a principios de este año.
Los pagos a Ilocad están desglosados de la siguiente manera:
-1.650.000 euros por asistencia en la preparación y presentación del poder para litigios.
-2.105.000 euros por preparación y presentación de la demanda.
-1.980.000 euros por coordinación con la Fiscalía y Tribunales en España a fin de agilizar los trámites y avances del proceso judicial. Facturado según el avance de las diferentes comparecencias ante el tribunal de las personas acusadas.
-3.100.000 euros por preparación del documento de acusación e inicio del juicio correspondiente en España.
La querella contra los acreedores de la filial Bariven fue presentada por Ilocad a mediados de 2017. Aportó un listado de 2.600 contratos que sumaban 2.000 millones de dólares otorgados por Bariven a Roberto Rincón y Abraham Shiera. Las contrataciones de mayor monto, según escritos sumariales, precisaban la autorización de Pdvsa, matriz de Bariven. La juez, con apoyo de la Fiscalía, requirió hace un año dicha documentación, esencial para esclarecer quién ordenó pagar a dichos proveedores sospechosos. La petrolera un año después sigue sin entregarla.
Redacción Caracas
