CARACAS – El Panel de Expertos Internacionales Independientes sobre la posible comisión de crímenes de lesa humanidad en Venezuela de la OEA tomó conocimiento de un documento presentado por la entonces Fiscal de la Corte Penal Internacional Fatou Bensouda, que había permanecido confidencial hasta ahora.
En el documento, Bensouda ratificó las conclusiones presentadas por este Panel en su informe de mayo de 2018 sobre la existencia de crímenes de lesa humanidad en Venezuela y el cumplimiento con los requisitos para abrir una investigación.
Para entonces, el Fiscal reiteró su conclusión sobre la existencia de fundamento razonable para considerar que se cometieron crímenes de competencia de la Corte y consideró que también se cumplía con el requisito de complementariedad, por lo cual era necesario abrir la investigación. Determinó que los casos potenciales que podrían darse en la investigación serían admisibles de acuerdo al Estatuto de Roma.
En ese sentido, coincide con lo expresado por este Panel, los casos serían admisibles debido a la inacción de la justicia venezolana, que se evidencia en el limitado número de procedimientos relevantes a nivel interno, en relación con los casos potenciales identificados por la Fiscalía y la falta de medidas concretas para establecer la responsabilidad penal en estos casos. En relación con las investigaciones abiertas, la Fiscalía concluyó que estos casos están viciados por falta de voluntad o de capacidad para llevar a cabo realmente el proceso.
El Panel había afirmado en su informe de 2018 que de acuerdo a la información disponible, “las investigaciones o procesos penales iniciados apuntaron a autores marginales o de bajo nivel, a pesar de que este Panel ha demostrado que existen pruebas contra las personas con mayor responsabilidad de los crímenes más graves que se hayan cometido. Este tipo de respuesta estatal, que busca desconocer la existencia de una política del Estado y crear la apariencia de justicia, implica una forma de inactividad que habilita a la apertura de una investigación”.
En cuanto a la falta de independencia que afecta al Poder Judicial en Venezuela, el Panel resaltó en su informe numerosos pronunciamientos de parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en los que advertía sobre esta situación e hizo referencia a tres condenas de la Corte Interamericana que evidenciaban “un patrón generalizado de falta de independencia judicial”.
El Panel considera que tras las concluyentes determinaciones de la ex Fiscal aún no se ha comenzado ningún proceso en relación con los máximos responsables de los crímenes cometidos en Venezuela. Dado que no se ha realizado ningún progreso significativo desde las conclusiones confidenciales de la Fiscal saliente -ni por parte de su Oficina, ni en Venezuela- es necesaria una acción inmediata de la CPI para promover la justicia y la rendición de cuentas en el país caribeño.
Por su parte, el comisionado presidencial para Relaciones Exteriores, Julio Borges, saludó la solicitud emitida por expertos de la Organización de Estados Americanos (OEA) quien piden una acción inmediata por parte de la Corte Penal Internacional (CPI) para que haya justicia en Venezuela.
“Se trata de un llamado muy importante. La fiscalía de la CPI debe acelerar el pase a una investigación formal”, señaló.
Redacción Caracas.
